Impuestos Saludables: 116 Países los Aplican, ¿Sí Sirven? [2026]

Los impuestos saludables son un instrumento de política fiscal que no solo busca recaudar recursos, sino también desincentivar el consumo de productos que afectan la salud —como las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados— encareciéndolos mediante un gravamen adicional. La idea de fondo es doble: que el consumidor cuente con una señal de precio que lo lleve a tomar mejores decisiones y que el recaudo ayude a financiar los costos sanitarios de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OCDE y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan estos tributos como política pública y sugieren que el impuesto represente al menos un 20% del precio de venta, porque a partir de ese umbral el efecto sobre la demanda se vuelve relevante. Según el informe global de la OMS publicado en enero de 2026, ya son 116 los países que gravan las bebidas azucaradas y 167 los que gravan el alcohol, aunque la organización advierte que en la mayoría de los casos los impuestos siguen siendo demasiado bajos para cambiar de forma significativa los hábitos de consumo.

¿Qué son los impuestos saludables?

Un impuesto saludable es un tributo de tipo selectivo (impuesto al consumo o accisa) que se aplica a bienes considerados nocivos para la salud con el objetivo de reducir su consumo. Funciona bajo la misma lógica que los impuestos al tabaco y al alcohol: al subir el precio final, la demanda cae, sobre todo entre los hogares más sensibles al precio y entre la población joven. A diferencia de un impuesto general, su finalidad principal no es fiscal sino sanitaria —corregir una “externalidad negativa”—, aunque en la práctica cumple ambos propósitos.

Los productos que suelen gravarse con impuestos saludables son:

• Bebidas azucaradas: gaseosas, refrescos, néctares, jugos industriales, bebidas energizantes, té y café azucarados.
• Alimentos ultraprocesados: productos con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas, como embutidos, galletas, snacks de paquete y helados.
• Tabaco y alcohol: los impuestos saludables “clásicos”, que sirvieron de modelo para los demás.

¿Cuántos países tienen impuestos saludables en 2026?

Cuando se publicó la primera versión de este artículo, cerca de 74 países habían adoptado este tipo de medidas. La adopción ha crecido con rapidez: el informe global de la OMS de enero de 2026 contabiliza al menos 116 países con impuestos a las bebidas azucaradas y 167 con impuestos al alcohol, cubriendo todas las regiones del mundo. Algunos cuentan con evidencia clara de que los gravámenes reducen el consumo, mientras que otros los consideran un fracaso por sus efectos colaterales sobre el comercio y el empleo.

En julio de 2025, la OMS reforzó esta agenda con la iniciativa “3 por 35”, que insta a los gobiernos a aumentar en al menos un 50% el precio real del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas de aquí a 2035 mediante impuestos saludables, con el doble objetivo de prevenir enfermedades y movilizar recursos para los sistemas de salud.

Resultados de los impuestos saludables por país

La siguiente tabla resume la experiencia de algunos de los casos más estudiados:

Casos de éxito y de fracaso en el mundo

México

México implementó el impuesto en enero de 2014: 1 peso por litro de bebidas con azúcar añadido. En el primer trimestre de 2014, un estudio en una localidad de más de 30.000 habitantes mostró una reducción cercana al 10% en el consumo frente al mismo período de 2013, junto con un aumento de alrededor del 7% en la compra de bebidas sin impuesto y del 13% en la compra de agua simple. Estudios posteriores confirmaron que el efecto se mantuvo en el tiempo, por lo que México se considera un caso de éxito, especialmente relevante en un país con algunos de los índices más altos de diabetes, sobrepeso y obesidad del mundo.

Reino Unido

El Reino Unido anunció en marzo de 2016 su impuesto a las bebidas azucaradas, que entró en vigor en abril de 2018. Antes incluso de aplicarse, más de 50 fabricantes reformularon sus productos para reducir el azúcar, lo que recortó unos 45 millones de kilos de azúcar al año. La medida desplazó la venta hacia bebidas sin azúcar y, en 2024, generó cerca de 338 millones de libras en recaudo. Investigaciones posteriores asociaron el impuesto con una menor prevalencia de obesidad entre niñas de 10 y 11 años en las zonas más desfavorecidas, una de las primeras evidencias de impacto directo en salud.

Chile

Chile adoptó el impuesto en 2014, con una tasa del 13% al 18% para productos con más de 15 gramos de azúcar por cada 240 mililitros. Para 2018, el consumo de bebidas azucaradas había caído un 21,6%. Pese a que la tasa fue inferior a la recomendada por la OMS, la medida modificó el comportamiento de los hogares en un país que figura entre los diez con mayor obesidad y sobrepeso del mundo.

Dinamarca: un fracaso

En octubre de 2011, Dinamarca gravó los alimentos con cierta proporción de grasas saturadas. El fuerte aumento de precios disparó las compras transfronterizas: los daneses viajaban a Alemania y Suecia para adquirir estos productos más baratos. En 2013 el gobierno derogó el impuesto y canceló un proyectado impuesto al azúcar, argumentando la caída de las ventas internas, la pérdida de empleos y el impacto regresivo sobre las familias de menores ingresos.

Eslovenia: un fracaso

Eslovenia eliminó su impuesto específico a las bebidas azucaradas en 2015, basándose en la experiencia danesa y tras comprobar efectos negativos sobre la competitividad de sus empresas, la actividad económica y el empleo.

El caso colombiano: la Ley 2277 de 2022

En Colombia, lo que en 2022 era apenas una propuesta hoy es una realidad. La reforma tributaria (Ley 2277 de 2022) creó en su Título V dos impuestos saludables que comenzaron a regir el 1 de noviembre de 2023: el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el impuesto a los productos comestibles ultraprocesados con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.

• Alimentos ultraprocesados: la tarifa fue del 10% en 2023, 15% en 2024 y 20% a partir de 2025.
• Bebidas azucaradas: se gravan por contenido de azúcar por cada 100 ml. Las que tienen menos de 6 gramos están exentas; las de 10 gramos o más pagan la tarifa más alta, que subió a $65 por cada 100 ml en 2025.

El contexto justifica la medida: según la Encuesta Nacional de Salud, más de la mitad de la población adulta en Colombia tiene sobrepeso u obesidad. Los primeros resultados muestran que el gravamen ya afecta al comercio y a las finanzas públicas: el recaudo de impuestos saludables creció 23% y llegó a $1,6 billones a mayo de 2025, mientras que estudios señalan que cerca del 70% de los productos vendidos en las tiendas de barrio se han visto afectados. Puede ampliar el análisis sobre el impacto de los impuestos saludables en las ventas minoristas.

¿Sí sirven los impuestos saludables?

La evidencia internacional indica que sí funcionan para reducir el consumo cuando están bien diseñados: México, Reino Unido y Chile lograron caídas medibles en la compra de bebidas azucaradas y, en algunos casos, la reformulación de los productos por parte de la industria. Su efectividad depende de tres factores: que la tarifa sea lo suficientemente alta (la OMS recomienda al menos un 20%), que el gravamen sea difícil de evadir y que no genere un desplazamiento masivo hacia productos sustitutos o hacia compras en otros países, como ocurrió en Dinamarca.

Las principales críticas son que se trata de impuestos regresivos —pesan más en los hogares de menores ingresos— y que, por sí solos, no resuelven el problema de salud pública si no se acompañan de educación nutricional, etiquetado frontal y mejor acceso a alimentos saludables. Por eso la recomendación de la OMS es combinar el impuesto con otras políticas y destinar el recaudo a salud.

Conclusión

Los impuestos saludables pasaron de ser una recomendación de organismos internacionales a una política adoptada por al menos 116 países. La experiencia muestra que reducen el consumo de productos nocivos cuando la tarifa es alta y el diseño es robusto, pero también que pueden fracasar si provocan compras transfronterizas o castigan demasiado el empleo. Colombia se sumó en 2023 con la Ley 2277 de 2022, y sus primeros años de aplicación serán claves para evaluar si el país repite los casos de éxito o tropieza con los mismos obstáculos que llevaron a Dinamarca y Eslovenia a dar marcha atrás.

Preguntas frecuentes sobre impuestos saludables