En 2025–2026, el liderazgo de Xi Jinping ha impulsado una recalibración económica que busca devolver protagonismo al sector privado tras años de endurecimiento regulatorio bajo la bandera de la “prosperidad común”. La desaceleración inmobiliaria, la presión demográfica y las restricciones tecnológicas de Estados Unidos obligaron a Beijing a priorizar resultados sobre disciplina ideológica. El eje de este giro es la Ley de Promoción de la Economía Privada, que promete igualdad de trato frente a empresas estatales, límites a sanciones administrativas arbitrarias y métricas de desempeño para gobiernos locales en apoyo empresarial. La señal política se reforzó con un simposio en Pekín que reunió a ejecutivos de Alibaba Group y Tencent, simbolizando la rehabilitación de actores que habían estado bajo escrutinio.
El viraje también es financiero: bancos estatales como China Construction Bank anunciaron billones de yuanes en crédito dirigido a “nuevas fuerzas productivas” (IA, semiconductores, manufactura avanzada y energía verde). Sin embargo, el apoyo ocurre dentro de un marco donde el Partido mantiene comités internos y “acciones de oro” en firmas estratégicas, consolidando un capitalismo instrumental: beneficios sí, autonomía plena no. La incógnita central es si este equilibrio —protección legal y liquidez a cambio de alineación política— bastará para restaurar la confianza inversora y sostener un crecimiento cercano al 5%, o si se trata de un ajuste táctico condicionado por la necesidad coyuntural más que por una liberalización duradera.
