Si bien las reformas se han hecho con el objetivo de incrementar el gasto del gobierno y cubrir asuntos en términos sociales, hasta el momento no se ha logrado un cambio tributario que sea consistente y estructural.
Desde ANIF destacan que las mayores presiones de gasto público en los últimos años han venido de los subsidios a los combustibles, y es en este rubro donde se ha destinado gran parte de los ingresos de las dos últimas reformas tributarias.
Es común que los diferentes gobiernos que ha tenido el país hayan realizado reformas tributarias para cubrir los déficits fiscales que se han generado y así dar capacidad para realizar mayores gastos sociales, de inversión, cubrimiento de subsidios e impulsar el crecimiento económico.
Hasta el momento no se ha logrado una reforma tributaria que sea consistente y estructural, tal como lo ha recomendado en varias ocasiones la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que permita tener un panorama claro en términos de pagos de impuestos, que sea sólido para que las empresas e inversionistas puedan tener tranquilidad y confianza a la hora de expandir sus negocios y que en general, genere un ambiente de estabilidad (La Mejor Reforma Tributaria es el Crecimiento de las Empresas (Video y Podcast)).
Cada gobierno ha realizado reformas tributarias, cambiando las reglas de juego constantemente, llevando a las empresas a ajustar sus cuentas con cada cambio de reforma y poniendo en duda que tan viable es venir a invertir a al país.
El gobierno actual ha realizado sus propias reformas y en dos años lleva un cambio tributario en 2023 y se habla de una segunda reforma tributaria. ¿Pero, en qué se han gastado la plata y por qué se habla de más cambios para más recaudo?
En los últimos días se ha escuchado en diferentes medios que el Gobierno Nacional presentará otra reforma tributaria en 2025 y aunque el Gobierno inicialmente indicaba que no se trata de otra reforma, sino de una corrección a la que está actualmente, donde el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla mencionó que, “en el 2022 quedó ajustado las tarifas, los beneficios y las exenciones para el régimen de personas naturales. Eso no lo vamos a tocar, pero no quedó la segunda parte, que era garantizar una senda de descenso de la tarifa de la tasa nominal en el impuesto de renta corporativo”.
Con los bajos resultados de recaudo de impuestos por parte de la DIAN, el Gobierno dice que no descartan que, si haya nueva reforma tributaria en 2025, puesto que a esto se agrega que hay un vacío de 34,9 billones de pesos generado por la prohibición de deducir lo pagado por las regalías del impuesto sobre la renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, por lo cual, en el corto plazo el impacto sería de 6,7 billones de pesos.
Ante esto el ministro de Hacienda expresó que, “nos toca buscar nuevos ingresos, buscando otra reforma tributaria, hacer recortes o endeudar el país”.
No obstante, analistas consideran que el impacto fiscal no es generado por la Corte Constitucional al tumbar la norma, sino por la baja ejecución de los recursos públicos.
En cuanto a las dos anteriores reformas tributarias realizadas en pospandemia (Ley 2155 de 2021, conocida como Ley de Inversión Social y la Ley 2277 de 2022 o Ley para la Igualdad y Justicia Social), que pretendían cubrir el crecimiento del gasto público, de acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), aún con el dinero recaudado, la situación fiscal del país sigue siendo frágil y los gastos han seguido incrementando, generando mayor presión en el déficit fiscal.
Desde ANIF destacan que las mayores presiones de gasto público en los últimos años han venido de los subsidios a los combustibles, y es en este rubro donde se ha destinado gran parte de los ingresos de las dos últimas reformas tributarias.
De acuerdo con el documento, “para 2024 se proyectaban ingresos tributarios de 14,6% del PIB, que efectivamente alcanzaron un nivel de 15,3%. Obviamente las proyecciones incorporaban supuestos de crecimiento, gestión de la DIAN y una senda de ingresos petroleros que no necesariamente ocurrieron”, situación que también ha generado un vacío en los ingresos del gobierno (Las Reformas son el Principal Inductor en la Caída de la Confianza Sectorial).
En cuanto a las proyecciones de gasto de el gobierno también se esperaba que fueran menores, de un 19,0% del PIB para 2023 y 2024, sin embargo, este gasto ha representado niveles del 23,1% y 22,8% del PIB respectivamente. Este mayor gasto se ha dado por un incremento en los rubros de funcionamiento e inversión y en un mayor pago de intereses.
Cabe resaltar que, durante los dos últimos años, el costo del subsidio a los combustibles ha sido de $49,0 billones y la suma del recaudo de las dos últimas reformas ha sido por $54,0 billones, lo que indica que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles -FEPC, se ha comido el recaudo tributario adicional, por lo cual las reformas tributarias no han tenido el efecto esperado en los gastos del gobierno y es por esto que se espera que en 2025 si haya nueva reforma.
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