El sistema de salud proyecta un déficit operativo sectorial que se estimó cercano a los $12 billones para la vigencia de 2025.
Las deudas sectoriales acumuladas oscilan en la actualidad entre el 25,0% y el 35,0% del presupuesto general destinado a la salud.
El Índice de Confianza Institucional registró un desplome crítico a un nivel de -0,66, evidenciando una severa fractura en la gobernanza.
La viabilidad financiera del modelo de aseguramiento en Colombia atraviesa una presión de liquidez estructural que ha puesto en jaque la sostenibilidad operativa de toda la cadena de valor. Durante 2025, la brecha entre los ingresos del sistema y los costos reales de atención ha consolidado un déficit que ronda los $12 billones, amenazando con paralizar el suministro de tecnologías médicas y la prestación continua de servicios. Este descalce financiero no responde a un fenómeno coyuntural, sino a una distorsión sistémica en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el cual, según expertos, debe migrar hacia criterios estrictamente técnicos, objetivos y alejados de los ciclos o sesgos políticos. En este contexto económico de alta tensión, las empresas prestadoras enfrentan un entorno donde la inflación, el envejecimiento poblacional y la incertidumbre institucional, exigen adoptar mecanismos de conciliación urgentes para sanear las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. La paralización del flujo de caja no solo afecta a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), sino que repercute directamente sobre el talento humano, los operadores logísticos, la industria farmacéutica, etc.
Durante el 32° Foro de la Salud ANDI, múltiples exministros y agremiaciones analizaron la urgencia de reestructurar las bases del financiamiento sectorial. Según las cifras presentadas en el evento, en 2025 los recursos destinados al sistema alcanzaron aproximadamente los $100 billones, lo que equivale al 8,2% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. De este volumen presupuestal, aproximadamente el 86,0% se canalizó directamente al aseguramiento obligatorio por la vía de la UPC. Pese a este flujo de recursos en el sector salud, los reportes de la Defensoría del Pueblo documentaron que el atasco en el flujo de caja mantiene deudas que representan hasta el 35,0% del presupuesto de salud. En complemento, cifras recientes del DANE señalan que las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) han presionado al alza los costos operativos, lo que sustenta la exigencia de un ajuste ex-post por inflación, en línea con el Auto 007 de la Corte Constitucional. Además, el estudio “Encuesta Gobernanza y Confianza 2026”, liderado por la ANDI, determinó un desplome en la confianza a -0,66, donde actores como el Ministerio de Salud y la ADRES ocupan las últimas posiciones por su falta de rigor técnico (calificado con -1,26).
La interrelación entre la insuficiencia presupuestal de la UPC y el quiebre de la confianza institucional plantea un panorama de altísimo riesgo regulatorio para los inversionistas. En el corto plazo, el ecosistema prevé la inyección de los $10 billones, propuesta por el gobierno entrante, para frenar la asfixia de liquidez en clínicas y hospitales de alta complejidad. A mediano plazo, la transición hacia una agencia técnica independiente para fijar la UPC basándose en notas actuariales reales se vuelve el único mecanismo para garantizar la predictibilidad del negocio. A largo plazo, de no ejecutarse el saneamiento del rezago correspondiente al periodo 2021-2025, el sistema sufrirá una contracción en la oferta asistencial, replicando escenarios de racionamiento. Las posturas contrapuestas son evidentes: el Estado centraliza el flujo de caja mediante giros directos, mientras el mercado exige rigor técnico. En consecuencia, las estrategias corporativas deben volcarse hacia alianzas private-to-private para asegurar la continuidad operativa al margen de las deficiencias de la gobernanza pública.
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