Perú tuvo en muchos aspectos la economía más prospera de Latinoamérica hasta los años 60. La pronta recuperación de algunos de sus principales exportaciones en la década de 1930 y el desarrollo de nuevas exportaciones primarias en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, propiciaron el desempeño del país. Sin embargo, el aumento en la presión sobre las tierras de una población en rápido crecimiento, acompañados por aumento de los costos y limitados suministros de algunos de los recursos naturales del país, comenzó a intensificar las demandas de cambio. Uno de los peores efectos para la continua dependencia de crecimiento de las exportaciones primarias fue una caída repentina en la pesca, cortando drásticamente el suministro en la década de 1970. Esta problemática coincidió con efectos negativos de abastecimiento en la minería del cobre; los costos habían comenzado a subir abruptamente en las antiguas minas y el desarrollo de nuevos proyectos requería de inversión extranjera que no existía.
Foto: www.sxc.hu (Autor: Felipe Alejandro)
La oposición pública a la propiedad extranjera se centró especialmente en las empresas más grandes, posesión y exportación de recursos naturales, sobre todo en cobre y petróleo. El IPC se convirtió en el centro del creciente conflicto en los términos de sus derechos de explotación y su apoyo financiero de los gobiernos conservadores, este era un pleito que tenía ya varias décadas sin resolverse; consistía en que la compañía norteamericana International Petroleum Company (IPC) venía explotando ilegalmente los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, situados en el norte del Perú, sin aportar al fisco el monto adeudado, que se había venido acumulando al pasar los años. Cuando Fernando Belaúnde Terry (1963-1968, 1980-1985) asumió como Presidente en 1963, prometió reabrir las negociaciones sobre el contrato con el IPC, pero luego retrasó la cuestión. Su omisión provocó el golpe militar liderado por el General de izquierda Juan Velasco Alvarado. El Gobierno de Velasco rápidamente había nacionalizado la IPC y comenzó una campaña decidida para restringir la inversión extranjera. Aunque el gobierno moderó posteriormente su hostilidad a las empresas extranjeras, las continuas disputas y el deterioro de la economía llevaron a algunas empresas a retirarse y llevaron la inversión extranjera a niveles extremadamente bajos a través de los años 80.
A finales de la década de los 80, el Perú se encontraba en una profunda crisis económica, social y política. En esas condiciones críticas, Alberto Fujimori Fujimori (1990 – 2000), asume el gobierno. Este gobierno se propuso alcanzar tres objetivos básicos: eliminar la hiperinflación, reinsertar la economía peruana en el sistema financiero internacional y pacificar el país. A partir de agosto de 1990 el país latinoamericano reorienta su estrategia de desarrollo basada en la economía de mercado, la propiedad privada de los medios de producción y la poca injerencia del Estado en los asuntos económicos. Luego de varias negociaciones con la Banca Internacional, el Club de París y los proveedores extranjeros, a finales de 1993 Perú quedo plenamente reinsertado en el mundo financiero internacional.
En el período 2001 – 2006, Alejandro Toledo fue electo como el primer Presidente de origen indígena del Perú, bajo su mandato logró establecer el crecimiento del país a una tasa promedio de 4% y 5%, después de una fuerte desaceleración en los últimos años de los noventa. Pero las finanzas públicas no llegaron a su nivel óptimo hasta después con la presidencia de Alan García (2006 – 2011), quién impulsó tasas de crecimiento del 8,9% y 9,8% entre 2007 y 2008 y solo la crisis mundial de 2009 pudo disminuir ese ritmo. De esa forma, el país aseguró un superávit de 3% y 2% en esos años y logró reducir su deuda pública a la mitad.
Actualmente con la presidencia de Ollanta Humala, el país mantiene un crecimiento estable y junto a Colombia se ha consolidado como la mejor plaza para invertir, superando a Chile, Brasil y Argentina. Para 2012 las estimaciones de crecimiento ascienden al 6,3%, que de lejos sería la mejor tasa de Suramérica sustentada en un dinamismo del sector constructor, aumento en la inversión privada y un mercado doméstico creciente por una clase media que cada vez representa un mayor porcentaje de la población.
Alejandro Escobar CorreaDirector Sectorial.coalejandro.escobar@sectorial.co
