Las consecuencias financieras de la crisis de salud se evidencian en la siniestralidad superior al 109 % de las EPS, el cierre de servicios por parte de las IPS y el crecimiento a doble digito de las quejas de los pacientes.
Si queremos mantener un sistema universal los recursos para la salud deben aumentar un 15,4 % y se debe contar con voluntad de pago.
A pesar de que los recursos asignados al SGSSS han aumentado cada año, las fuentes de financiación no se han incrementado. Esto contrasta con la creciente presión del gasto, impulsada por factores como el aumento de la población colombiana, la migración venezolana, el incremento de la morbilidad, la prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento demográfico, entre otros.
Por lo anterior, se ha generado una brecha estructural en la financiación del SGSSS. Aproximadamente el 96,0 % de los recursos se destinan al Plan de Beneficios en Salud (PBS), por lo que son cubiertos con pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que el 4,0 % restante se utiliza para financiar servicios y tecnologías de salud fuera del PBS. No obstante, en los últimos años, el PBS se ha ampliado significativamente, incluyendo más del 90,0 % de los medicamentos y procedimientos habilitados para la prestación de servicios de salud, lo que ha incrementado la presión sobre el gasto de la UPC. Paralelamente, los costos asociados a servicios fuera del PBS no han disminuido, debido al aumento de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y la necesidad de implementar innovaciones terapéuticas.
El panorama descrito ha llevado a un incremento en la siniestralidad de las EPS y el SGSSS, reflejando un crecimiento de los costos que supera al de los ingresos. En este contexto, la siniestralidad de la UPC aumentó del 93,4 % en 2020 al 103,7 % en 2024. Adicionalmente, al incluir los ingresos y costos asociados a los Presupuestos Máximos, destinados a financiar servicios y tecnologías fuera del PBS, la siniestralidad total calculada para 2024 alcanzó el 109,8 %.
Para el 2024, la mayoría de las EPS enfrentaron una siniestralidad superior al 100%. El incumplimiento de indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de Salud a las EPS llevó a que 9 de ellas fueran intervenidas forzosamente: Capresoca, Emssanar, Asmet, Savia Salud, Famisanar, Sanitas, Nueva EPS, S.O.S. y Coosalud. Al analizar los ingresos operacionales de todas las EPS intervenidas en ese año, no alcanzan para cubrir sus costos y gastos operativos. Además, el ROA negativo en todas estas EPS indica que no solo no están generando utilidades sobre sus activos, sino que están destruyendo valor. Por otra parte, Dusakawi y Comfachocó se encuentran en Medida de Vigilancia Especial y Comfaoriente está sometida a Programa de Recuperación.
A junio de 2024, las EPS Aliansalud, Comfaoriente, EPS Familiar de Colombia, Salud Bolívar, Salud Mía y Salud Total destacaron como las únicas entidades que cumplen con las condiciones financieras y de solvencia exigidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Solo 15 EPS del SGSSS cumplen con los requisitos de capital mínimo, 10 poseen un patrimonio adecuado y solo 8 mantienen el cumplimiento del régimen de inversión de reservas técnicas.
Las dificultades financieras del SGSSS no se limitan únicamente a las EPS. Estudios sobre la situación de cartera realizados por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) han evidenciado un incremento constante en los niveles de vencimiento de las cuentas por cobrar de las empresas de la industria farmacéutica, dispositivos médicos, gases medicinales e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) afiliadas, así como también en el aumento de la rotación de sus carteras. Lo que pone en evidencia la expansión de los problemas de liquidez a toda la cadena de actores del SGSSS.
También se ha documentado cómo las IPS se han visto obligadas a desinstalar algunos servicios. En los últimos dos años, se han registrado disminuciones significativas en el número de camas disponibles para trabajo de parto, salud mental y atenciones especiales, entre otros servicios. Estas reducciones afectan a varios de los departamentos más poblados del país, así como a aquellos que históricamente han enfrentado problemas de acceso a los servicios.
Como era de esperarse, esta problemática también ha afectado directamente a los pacientes, lo cual se refleja en el incremento de los reclamos recibidos por el sistema. En los últimos seis años, los reclamos presentados ante el SGSSS han crecido un 19,6 % anual. Para 2024, los principales motivos de insatisfacción fueron: la negación de atención en otros servicios de salud (18,1 %), la falta de oportunidad en la atención (16,2 %) y la negación en la entrega de tecnologías y otros servicios de salud (12,9 %). (En el primer trimestre de 2025, las quejas al sistema de salud incrementaron un 47,6 %) Actualmente, la problemática alrededor de la salud está en el centro de las preocupaciones de la sociedad colombiana.
Revertir esta situación no será tarea sencilla, ya que es consecuencia de los déficits financieros acumulados durante los últimos años. El SGSSS enfrenta un ciclo de deuda estructural que se caracteriza por arrastrar obligaciones del pasado, generar pasivos en el presente y proyectar riesgos crecientes a futuro si no se ajusta la financiación ni se estabiliza el flujo de recursos. De acuerdo con estimaciones de la ANDI, entre 2021 y 2024 se ha acumulado un déficit cercano a los $20 billones de pesos. Este problema tiene su origen en una insuficiencia histórica de la UPC, el incumplimiento en el pago de los Presupuestos Máximos y los retrasos en los giros por parte de la ADRES.
Actores externos al SGSSS, como la Corte Constitucional mediante los Autos 2049 y 007 de 2025, han destacado la insuficiencia de los Presupuestos Máximos y la imperiosa necesidad de incrementar la UPC, instando a la creación de espacios de concertación entre los actores del sistema para abordar estas problemáticas. (Ministerio de Salud tendrá que cumplir órdenes de la corte y pagar deudas al sistema de salud) Sin embargo, hasta el momento no se han implementado medidas efectivas que detengan el aumento del déficit financiero del SGSSS. Si no se ajusta la UPC ni se garantiza la estabilidad en el flujo de recursos, la acumulación de la deuda continuará de manera inevitable.
Para 2025, se proyecta que el sistema de salud colombiano requerirá aproximadamente $101,9 billones, lo que representa un aumento del 15,4 % en comparación con los recursos asignados en 2024. Cabe destacar que este cálculo no incluye la incorporación de nuevos medicamentos y servicios al Plan de Beneficios en Salud (PBS), ni contempla nuevas fuentes de gasto, como la financiación de Equipos Territoriales de Salud, lo que podría incrementar aún más las necesidades financieras del sistema en 2025. Sin embargo, se proyecta que, en el mejor de los escenarios, en 2025 solo se logrará cubrir el 92,05 % de los servicios de salud proporcionados por los actores del sistema. Esto generará un aumento en las cuentas por cobrar y provocará un déficit financiero acumulado de $25,9 billones.
De acuerdo con la Resolución 18430 de la ADRES, el presupuesto de gastos autorizado para 2025 asciende a aproximadamente $98,6 billones. Este monto cubrirá la financiación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, los Presupuestos Máximos para servicios y tecnologías no financiadas con UPC, además de ajustes de vigencias anteriores y otros conceptos. Al excluir los recursos para vigencias pasadas, el SOAT y otros usos específicos, el monto disponible será de $93,8 billones.
En un escenario pesimista donde no se logren acuerdos ni soluciones en beneficio de los actores del SGSSS y sus usuarios, la deuda continuará acumulándose. Esto podría derivar en un aumento en la gravedad de las enfermedades debido a la falta de atención efectiva, reformas incompletas que no aseguren la sostenibilidad financiera del sistema, mayores problemas de liquidez con retrasos en los pagos, riesgos en la continuidad de los servicios, pérdida de capacidad en la red de prestadores y un incremento en las demandas y acciones legales contra el sistema y sus actores.
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