En Colombia, la Ley 160 de 1994 establece que las tierras baldías del Estado solo pueden ser adjudicadas a los campesinos y en extensiones limitadas a Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Sin embargo, recientes revelaciones han puesto en cuestionamiento una estrategia utilizada por el ingenio Riopaila-Castilla para adquirir 40.000 hectáreas en los Llanos Orientales, asesorada por la firma de abogados Brigard & Urrutia.
Contexto del Caso
El senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático denunció que Brigard & Urrutia, con la participación del actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, habría facilitado la adquisición ilegal de tierras originalmente adjudicadas a campesinos.
Estrategia Jurídica de Brigard & Urrutia
La estrategia involucró la creación de 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cada una con un capital suscrito de 100.000 pesos. Estas SAS fueron registradas con el abogado Francisco Uribe Noguera como único propietario. El propósito era aparentar que no se estaba formando una gran empresa, sino múltiples compañías pequeñas, cumpliendo así con los límites establecidos por la Ley 160 de 1994.
Las tierras fueron compradas con financiamiento del Ingenio Riopaila, que desembolsó aproximadamente 40.000 millones de pesos. Posteriormente, Uribe Noguera cedió las SAS a cinco firmas españolas, controladas por la sociedad Asturias Holding S.A.R.L, con sede en Luxemburgo, la cual también está vinculada al Ingenio Riopaila. Esta estructura ha sido criticada como una posible maniobra para evadir regulaciones y asegurar protección internacional para las inversiones.
Aspectos Controversiales
Un punto adicional de controversia es el proyecto de ley presentado por el Ministro de Agricultura en ese momento, Juan Camilo Restrepo. Esta propuesta buscaba modificar la aplicación de la Ley 160, estableciendo que la prohibición de concentrar UAF solo aplicaría a partir de 1994, no desde 1961. Esto resulta relevante ya que once de los predios adquiridos por Riopaila-Castilla fueron adjudicados a campesinos antes de 1994.
Respuesta y Defensa
El embajador Carlos Urrutia negó las acusaciones, afirmando que vendió su participación en Brigard & Urrutia en 2012. Sin embargo, el diseño de la operación se realizó en 2009, antes de su nombramiento, lo que ha llevado a dudas sobre la validez de su defensa.
Por su parte, el ingenio Riopaila-Castilla ha defendido la legalidad de la adquisición, asegurando que la compra se ajustó a las normas vigentes y a través de empresas agroforestales.
La adquisición de las 40.000 hectáreas por parte de Riopaila-Castilla, facilitada por Brigard & Urrutia, ha generado controversia y ha planteado importantes preguntas sobre la legalidad y ética de las prácticas empleadas. Aunque Riopaila-Castilla sostiene que todo se realizó conforme a la ley, la complejidad y las implicaciones internacionales de la transacción continúan siendo objeto de debate y escrutinio.
