En las actividades y objetivos primordiales de los empresarios se encuentra conseguir nuevas oportunidades comerciales, lograr un continuo crecimiento y mantener en el mejor estado de salud a sus compañías.
Sin embargo, en ocasiones por condiciones de mercado o por malas gestiones administrativas, las empresas se sumergen en continuas moras con sus diferentes acreedores, poniendo en riesgo la continuidad de la entidad y afectando la salud física y psicológica de sus empleados y socios. Ante esto, el estado, a través de la Superintendencia de Sociedades, pone a disposición de las empresas la Ley 1116 de 2006 como herramienta de reorganización.
La Ley 1116 de 2006, que reemplazó a la Ley 550 de 1999, es un régimen inspirado en un ambiente diferente que recopila la experiencia obtenida con la normatividad anterior, busca propiciar y preservar las sanas relaciones comerciales y patrimoniales, sancionando las practicas que sean contrarias a este principio. También busca proteger el crédito, la recuperación y conservación de la empresa mediante procesos de reorganización o de liquidación judicial.
Reorganización Empresarial
Es un acuerdo que busca salvar al deudor, permitiéndole superar sus dificultades financieras y continuar con su funcionamiento comercial de manera normal, aún cuando en algunos casos pueda implicar la reducción de su capacidad, la posibilidad de su venta como negocio a otra compañía o en caso de incumplimiento del acuerdo, dar apertura a un procedimiento de liquidación judicial.
Iniciar un proceso de reorganización empresarial supone por parte del deudor una cesación de pagos e incapacidad de pago inminente. En este acuerdo se debe tener en cuenta aspectos como:
El término para celebrar el contrato no debe ser superior a 4 meses
La aprobación del acuerdo debe contar con el voto favorable de la mayoría de los acreedores
Confirmación del acuerdo, que se produce cuando el juez verifica la legalidad del contenido del acuerdo
La terminación del acuerdo se da por el cumplimiento de las obligaciones pactadas, si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado, o por el no pago oportuno de los compromisos laborales.
Liquidación Judicial
Se dispone ante el juez del concurso los bienes del deudor con el objetivo de poner fin a la actividad comercial de la empresa, transformando en dinero los bienes a través de una venta directa o subasta privada, y distribuyendo después el producto de la venta.
Iniciar un proceso de liquidación judicial supone el incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso de acuerdos de concordato, o las causales de liquidación judicial previstas en la ley. Ante la Superintendencia de Sociedades o ante los Jueces Civiles del Circuito se puede solicitar el inicio de un proceso de reorganización empresarial o de liquidación judicial.
Finalmente, hay que resaltar que no todas las personas se pueden acoger a la Ley 1116, los excluidos son:
- Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Administradoras del Régimen Subsidiado
- Las Bolsas de Valores y Agropecuarias
- Entidades vigiladas por Superfinanciera (no incluye emisores de valores)
- Entidades vigiladas por Supersolidaria que desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito
- Sociedades de capital público, empresas industriales y comerciales del Estado, entes territoriales y descentralizados
- Empresas de servicios públicos domiciliarios
- Personas naturales no comerciantes
