Colombia ganó en gestión efectiva de la pandemia, pero perdió terreno en vacunación infantil y prevención de enfermedades como el VIH y el cáncer de cuello uterino.
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A pocos meses de que culmine el periodo presidencial del presidente Iván Duque es conveniente hacer un balance de las metas alcanzadas en su gobierno respecto al sector salud.
Sin duda el principal reto del gobierno fue la pandemia del Covid-19, en la cual debió concentrar sus esfuerzos en atención y cobertura. Colombia se convirtió en uno de los países que destinó mayores recursos financieros para la contención de la pandemia (1,4% del PIB), por lo que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud gracias al avance entorno al Plan Nacional de Vacunación.
De acuerdo con el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz, el sistema fue resiliente, ya que creció en más de 200 % el número de laboratorios de salud pública en el país; casi se triplicó la capacidad instalada en camas UCI y se logró llevar estos servicios a las zonas más apartadas del país.
Si bien en los últimos cuatro años se avanzó en términos de aseguramiento universal alcanzando una tasa de 99 %; el país también perdió el terreno ganado en la atención en prevención de enfermedades, vacunación infantil no asociada a la pandemia y prevención de enfermedades como el VIH y el cáncer de cuello uterino.
Algunas propuestas para el sector salud (Sectorial Salud) han logrado cierto porcentaje de avance, por ejemplo, se logró la habilitación de servicios de telemedicina en el 4,27% de los prestadores, aunque esto sigue estando por debajo de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (7,34%), también se reglamentó la historia clínica electrónica a través de la Ley 2015 del 2020, pero no se ha podido profundizar su uso en el sector.
Además, en los último días, el Ministerio de Salud y Protección Social propuso una nueva metodología para asignar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de acuerdo con incentivos, algo concordante con el propósito del Gobierno de que las EPS sean remuneradas por calidad y no por cantidad de servicios.
Por otro lado, dentro de las principales propuestas que no se lograron en el actual gobierno se encuentra la de garantizar un flujo de recursos de 90 días sancionando a las EPS que se demorarán más en los pagos a través de la Superintendencia de Salud. De acuerdo con cálculos de la Encuesta de Cartera hecha por Sectorial.co para la ANDI, en el cuarto trimestre del 2021 las EPS tardaban en promedio 201 días en pagar a las IPS y a la industria de gases medicinales, 123 a las farmacéuticas y 126 días a los proveedores de dispositivos médicos.
Frente al compromiso de culminar con los pagos del Acuerdo de Punto Final el avance logrado a diciembre de 2021 fue de 47%, según información de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES), y las instituciones del sector siguen afirmando tener dificultades para radicar sus cuentas.
