En el contexto de la pandemia de Covid-19, el Decreto Ley 560 de 2020 surgió como una pieza importante en la respuesta del gobierno para mitigar los impactos económicos y preservar el tejido empresarial del país. Este decreto tiene como objetivo principal la creación de un entorno de recuperación empresarial, que se caracteriza por su amplitud e inclusividad, representando a todos los actores de la economía.
Los cuatro pilares del Decreto Ley 560
- Creación de herramientas extrajudiciales de negociación expeditas: este pilar permite a las partes involucradas en situaciones de crisis empresarial llegar a acuerdos de reorganización de manera rápida y eficiente, evitando así prolongados procesos judiciales.
- Creación de mecanismos extraordinarios de salvamento: se establecen procedimientos especiales que buscan proteger tanto a la empresa como al empleo, asegurando también la continuidad del crédito en situaciones adversas.
- Beneficios tributarios: consciente de la necesidad de aliviar la carga fiscal en tiempos de crisis, el decreto introduce beneficios fiscales que proporcionan un respiro financiero a las empresas afectadas.
- Suspensión de normas y obligaciones legales: este pilar otorga cierta flexibilidad en el cumplimiento de ciertas normativas y obligaciones legales, permitiendo a las empresas concentrar sus esfuerzos en su recuperación.
El Decreto Ley 560 de 2020 se planteó inicialmente con una vigencia de dos años, es decir, hasta el 15 de abril de 2022. La Superintendencia de Sociedades anunció el 14 de diciembre del mismo año la prórroga del Decreto Ley 560, junto a sus regulaciones, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Desafíos empresariales tras el Decreto 560 de 2020
Con la aproximación al término del Decreto 560 de 2020 el 31 de diciembre de 2023, las reglas sobre insolvencia volverán a ser las que establece la Ley 1116 de 2006 en Colombia. Esto significa que las empresas con dificultades financieras deberán cumplir con plazos y requisitos específicos para iniciar procesos de insolvencia. También, se requerirá que presenten planes de reorganización o liquidación, y los acreedores podrán pedir la liquidación si no se aprueba un plan de reorganización a tiempo. Este cambio implica un mayor rigor en los procedimientos y puede representar un desafío adicional para las empresas en dificultades. Por lo tanto, es importante que se preparen y busquen asesoramiento legal y financiero si es necesario para enfrentar esta transición de manera efectiva.
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