Las regalías en Colombia son un componente fundamental del Sistema General de Regalías (SGR), un mecanismo que permite a las regiones recibir recursos por la explotación de recursos naturales no renovables, como el petróleo y los minerales. Este sistema busca equilibrar el desarrollo regional, permitiendo que las comunidades que sufren los impactos de la extracción de estos recursos se beneficien de su riqueza. Sin embargo, a pesar de la intención inicial, el uso de estas regalías ha estado sujeto a controversias y críticas debido a su ineficiencia y mala gestión.
El SGR se establece a partir de un porcentaje de los ingresos generados por la explotación de recursos naturales. Estos recursos son distribuidos entre el Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales, permitiendo a los municipios y departamentos invertir en proyectos de infraestructura, salud, educación y más. Desde 2017 hasta 2024, el DNP aprobó más de 19.000 proyectos por un monto total de $68,5 billones, de los cuales aproximadamente $28,8 billones han sido declarados como terminados.
Sin embargo, la reciente advertencia del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, sobre la disponibilidad de $12,0 billones en regalías no utilizadas plantean dudas sobre la efectividad del sistema. A pesar de la magnitud de los recursos destinados a proyectos, muchos de estos no se han ejecutado adecuadamente, generando preocupaciones sobre la transparencia y la responsabilidad fiscal.
El seguimiento realizado por el DNP entre 2017 y 2024 reveló que de los 12.106 proyectos declarados como terminados, aproximadamente $5,0 billones pueden considerarse “perdidos”. De hecho, 277 proyectos que ya fueron concluidos no cumplieron con los objetivos originales y otros 58 fueron cerrados por irregularidades técnicas y administrativas. Además, 2.133 proyectos fueron dados por terminados sin actas de entrega, lo que deja en duda su finalización.
Una de las principales razones de la ineficiencia es la falta de control en la ejecución de los proyectos. El DNP identificó que en 2.094 de los 6.631 proyectos en ejecución hay incumplimientos de los compromisos contractuales. Es relevante que, de esos proyectos, $9,0 billones están relacionados con iniciativas que han vencido sus plazos de ejecución. Esta situación resalta la importancia de una supervisión más rigurosa por parte de entidades como la Procuraduría y la Contraloría para asegurar que los recursos se utilicen adecuadamente.
El DNP también señala la concentración inusual de recursos en determinados municipios y la excesiva tercerización de proyectos. Esta práctica ha facilitado que muchas entidades eviten las normas de contratación estatal, lo que incrementa el riesgo de corrupción y mal uso de los recursos. De los 138.862 contratos firmados por las entidades ejecutoras, un alto porcentaje corresponde a acuerdos con personas naturales, lo que plantea interrogantes sobre la calidad y responsabilidad en la ejecución de los proyectos.
Los $12,0 billones en riesgo, según el director del DNP, podrían haber financiado proyectos importantes para el desarrollo de varias regiones, como el acceso al agua potable en La Guajira o el alcantarillado en Quibdó y Buenaventura. La falta de ejecución de estos proyectos no solo afecta el desarrollo local, sino que también mantiene la desigualdad y el abandono en comunidades que dependen de estos recursos para mejorar su calidad de vida.
El Sistema General de Regalías en Colombia, a pesar de su propósito de promover el desarrollo regional, enfrenta problemas de ineficiencia y mala gestión que han resultado en la pérdida de recursos que podrían haber beneficiado a comunidades vulnerables.
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