Desde que Cristobal Colón pisó tierras americanas el problema de la delimitación de fronteras y la distribución de los territorios en el continente ha sido un asunto complejo para los gobernantes de turno; desde el papa y los reyes de España hasta los sucesivos presidentes de la república. Estrategias como la encomienda, la hacienda y los resguardos indígenas, no fueron más que estructuras con un fin común: el control y la administración de las tierras. Con el paso del tiempo, llegaría la creación de los virreinatos y capitanías que se sostendrían hasta la época de las independencias. Ocurrió después, la consolidación de las repúblicas, aunque de forma parcial, ya que algunas fronteras continúan sin definirse (Ver: Los Intereses Económicos Tras la Delimitación de las Fronteras Colombianas). Pero el problema llega aún más lejos, hasta la fragmentación al interior de cada nación y Colombia no fue la excepción.
Es así, que a mediados del siglo XX la búsqueda de acceso a tierras por parte de un sector de la población nacional aislado de la representación política, que para el momento era exclusiva de los partidos tradicionales dio origen, entre otras causas, a grupos alzados en armas, sumergiendo la nación en un conflicto armado constante durante los últimos 60 años y donde curiosamente, el control de la tierra, sin importar la razón es un factor determinante en cada uno de los involucrados. Hoy, mientras las expectativas de éxito en el proceso de paz que se adelanta con las FARC, la mayor estructura al margen de la ley en Colombia, son altas, surgen muchas preguntas, entre ellas: ¿Cuál será el precio de la tierra en el periodo de posconflicto?
Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
–UPRA-. Modificación de Sectorial.
Los argumentos para realizar este cuestionamiento derivan de dos premisas: a) la mayor parte de grupos al margen de la ley se han apropiado de territorios para desarrollar cultivos ilícitos; b) la condición de “grupos al margen de la ley” los obliga a estar ocultos y por ello la selva se ha convertido en su habitad, restringiendo el proceso de colonización en las regiones Pacífica, Orinoquia y Amazonia colombiana que se evidencia en el mapa adjunto. En respuesta a la pregunta planteada, el precio deriva de la ley entre oferta-demanda, que puede ser analizada en el corto y largo plazo.
En el corto plazo, pueden ocurrir dos situaciones: la primera es la entrada de colonos a zonas antes restringidas que por condiciones de contenido en superficie (selvas) y distancia de los centros desarrollados tendrán un costo muy bajo o nulo. Una vez que los terrenos estén limpios, el costo por hectárea se podría duplicar, como era natural en las zonas más aisladas del Caquetá y Putumayo, donde el cambio de valor hace siete años fue de 500.000 a 1.000.000 de pesos por hectárea. La segunda situación de corto plazo está relacionada con que no todos los grupos al margen de la ley, como los disidentes de las AUC y otros de delincuencia común, están en proceso de negociación y pueden entrar a ocupar los terrenos que desalojen las FARC. En este sentido el valor de la tierra se mantendría constante y continuaría el problema de la falta de institucionalidad en términos de seguro a la propiedad.
Mientras tanto, en el largo plazo se evidenciarán dos aspectos. El primero, es el incremento a gran escala del precio de la tierra a raíz de la expansión de algunos sectores de la economía. Por ejemplo, el sector ganadero y agrícola que poco a poco crece en las áreas de explotación en las fronteras selváticas; el sector turismo que crece ante el incremento en la percepción de seguridad y la biodiversidad del país y el sector de hidrocarburos, que podrán seguir explorando nuevas zonas para la extracción de petróleo.
El segundo aspecto de largo plazo es la cuestión de la escasez. Colombia tiene un territorio delimitado y con una población en incremento, por lo cual es posible que ocurra un fenómeno de sobredemanda encareciendo las tierras y más cuando existe un agudo problema de concentración en la propiedad de la tierra.
Las cifras hablan por sí solas y si bien es difícil plantear estándares de precios dadas las condiciones en materia de regulación gubernamental, seguridad, accesibilidad y fuentes económicas en los diversos entornos geográficos, ya hay indicios de lo que puede suceder. Los datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA-, muestran el incremento en el número de transacciones de tierras a nivel departamental, (Ver Tabla 1). Lo anterior, refuerza los argumentos inicialmente planteados, donde los factores de corto plazo influirán en los de largo plazo y contribuirán al encarecimiento de las tierras, un efecto que hoy ya es visible.
Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria –UPRA-. Elaboración de Sectorial.
