Estudiando los posibles efectos de algunas propuestas de la reforma del gobierno sobre actores específicos como los hospitales y clínicas del país, se encuentra que estos se verían beneficiadas por el plan de implementar el giro directo, ya que esto aumentaría su liquidez, porque se propone que la ADRES pagará el 80% del valor de las cuentas presentadas por estas entidades dentro de los 30 días posteriores a su entrega, con lo que se reduciría la rotación de cartera que actualmente alcanza hasta 198 días en unas instituciones, además, disminuiría el porcentaje de cartera en mora que en junio de 2022 llegó a 55,8%, de acuerdo con datos de la ACHC.
Otra propuesta que los impactaría, esta vez negativamente, sería la imposición de un Manual Tarifario, esta es una herramienta que estandariza los precios de los diferentes servicios médicos buscando promover la equidad en el acceso, en el proyecto de reforma se contempla que tenga un techo y un piso en los precios para evitar que los prestadores cobren demasiado y garantizar que tengan una retribución justa a la vez; pero las dificultades frente a estos tarifarios se encuentran en que pueden disminuir la calidad de los servicios al reducir los incentivos para que los prestadores innoven y también limitan las posibilidades de elección de los usuarios del sistema, además, su implementación en el país tendría dificultades como ha sucedido con el tarifario del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y estaría atada al pago por evento, limitando la posibilidad de otras formas de contratación.
Por su parte, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) serían unas de las instituciones más afectadas por el proyecto de reforma, ya que solo operarían por dos años como se les conoce actualmente y al cumplirse este plazo y bajo nuevos requisitos podrían convertirse en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSVI), estas estarían encargadas de gestionar la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, coordinarían la demanda de atenciones de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y realizarían auditorías a cuentas médicas.
Las EPS no administrarían los recursos financieros de la salud, labor que empezaría a desempeñar de manera gradual la ADRES, y tampoco seguirían gestionando el riesgo en salud de los usuarios, tarea que recaería en diferentes actores del nuevo sistema, principalmente en entidades públicas que se caracterizan por altos niveles de ineficiencia, a pesar de ser una de las ganancias más importantes que ha tenido el sistema de salud en los últimos años, al brindar la posibilidad de diseminar la carga económica del sistema sobre los usuarios, para esto las EPS han elaborado maneras de reducir el riesgo financiero a través de acciones costo efectivas que han sido implementadas por los prestadores, han agrupado la población por grupos de riesgos de acuerdo con sus necesidades de atención y han creado estructuras de incentivos para la obtención de mejores resultados.
El proyecto también contempla que se les reconocería “hasta el 5% del valor contratado por la administración de los servicios a su cargo”; pero es difícil anticipar si esto será suficiente para que estas instituciones sobrevivan como EGVI, si se calcula un valor aproximado de lo que recibirían, teniendo en cuenta los ingresos UPC que recibieron las EPS activas en el sistema durante el 2021, la suma llegaría a los $2,7 billones, en el mismo período los gastos de administración de estas entidades alcanzaron los $3,8 billones, lo que podría indicar que esta prima del 5% no es suficiente; sin embargo, esta cifra no es comparable porque las EGVI tendrían funciones y gastos diferentes a las actuales EPS.
La situación sería más delicada si se tiene en cuenta que cada año aumenta la demanda de servicios de salud y que las condiciones de la economía nacional e internacional puede no ser tan favorable en los próximos años, tiempo en el que se daría la transición de un sistema a otro y en el que las EPS serían fundamentales. Representantes de gremios con participación de estas entidades como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (GESTARSALUD) han alertado acerca de los riesgos de la pérdida del aseguramiento en el sistema.
Con las condiciones actuales de gran parte de las EPS, se cree que estas instituciones no durarían los 2 años que el gobierno ha asignado en su proyecto para que se disuelvan, por lo que es posible que se efectúen más traslados de afiliados similares a los que se han generado por la liquidación de EPS que incumplen los requerimientos financieros y de prestación de servicio exigidos por la Superintendencia de Salud, generando cuellos de botellas y perjudicando a las EPS que deban recibir dichos afiliados con mayores costos.
De acuerdo con declaraciones de Paula Acosta, directora de ACEMI, entre las EPS vinculadas a la institución, que han recibido alrededor del 93,2% de los traslados de afiliados realizados por liquidación, las nuevas poblaciones que reciben generan un costo adicional de entre el 4% y el 6% de la UPC, en estas condiciones, las EPS difícilmente podrán transformarse en EGVI e irán desapareciendo, incluso antes de los 2 años que ha especificado el gobierno para la transición del sistema en el proyecto de reforma.
