Japón es reconocido como el país en el que la población envejece más rápido. Su envejecimiento demográfico es un fenómeno complejo que tiene raíces en una combinación de factores económicos, sociales y culturales que han moldeado la estructura poblacional del país, limitando la oferta de mano de obra disponible para el mercado laboral; sin embargo, la contracción de la población económicamente activa japonesa no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una sinergia negativa entre un envejecimiento poblacional sin precedentes y décadas de estancamiento económico.
Por una parte, en 2024 Japón tuvo una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, con 1,4 hijos en promedio por mujer en edad fértil, lejos del 2,1 hijos necesarios para permitir el relevo poblacional. Esto se debe a varios factores, como los altos costos asociados con la crianza de hijos, la educación y la vivienda. Además, la cultura laboral japonesa, conocida por sus largas jornadas y alta exigencia, que dificulta que las personas encuentren tiempo para formar familias. (El impacto de la natalidad en pensiones, educación, seguridad e inclusión)
Japón sobresale por tener una de las esperanzas de vida más altas del mundo, aproximadamente el 29,1 % de su población tiene 65 años o más, mientras que la tasa de natalidad continúa disminuyendo. Como consecuencia, el país enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional y una reducción significativa de su fuerza laboral activa. Según un informe de la Universidad de Chou en Tokio, para el 2035 Japón podría enfrentar una escasez de 3,8 millones de trabajadores.
La problemática ya está teniendo efectos a nivel económico, de acuerdo con la firma Tokyo Shoko Research, el número de quiebras corporativas aumentó un 42,9 % debido a la escasez de mano de obra y costos laborales, principalmente en el sector de servicios, manufacturas y transporte. Paradójicamente, esta crisis laboral está obligando a Japón a confrontar un problema que había pospuesto durante mucho tiempo: su baja productividad laboral.
El Estado, como parte de sus estrategias institucionales para abordar esta problemática, ha decidido fomentar la participación femenina en el mercado laboral mediante la iniciativa “Womenomics”. Esta política busca equiparar los salarios entre hombres y mujeres, eliminando prácticas salariales que han perpetuado desigualdades.
En Japón, las mujeres ganan, en promedio, el 74,8% del salario de los hombres, una brecha significativa que “Womenomics” pretende reducir. Aunque en los países de la OCDE esta disparidad también persiste, es menos pronunciada, con las mujeres percibiendo aproximadamente el 88,1% de los ingresos masculinos en 2023. También se ha identificado que no basta con igualar los salarios, especialmente cuando también se busca mejorar las tasas de natalidad, por lo que también se ha incentivado las opciones de teletrabajo, jornadas reducidas, semana laboral de cuatro días, entre otros.
Paralelamente, se ha registrado un incremento relevante en el retorno de personas mayores de 65 años al mercado laboral, motivado principalmente por la insuficiencia de las pensiones en un contexto económico desafiante. Según fuentes gubernamentales, en 2024 más de 9,1 millones de individuos en este grupo de edad retomaron actividades laborales. Este fenómeno, junto con el aumento del empleo femenino, ha contribuido a mantener estable la fuerza laboral a pesar de la disminución de la población económicamente activa. No obstante, los puestos ocupados por mujeres y personas previamente jubiladas son precarios y de bajos salarios, sin resolver las causas profundas de la crisis.
La incapacidad de las soluciones locales para resolver la crisis laboral en Japón ha llevado a evaluar promover la inmigración a gran escala, lo que sería un giro de 180 grados en el paradigma migratorio, que ha sido una de las naciones más cerradas a extranjeros dentro de las naciones desarrolladas. Por el momento, el avance ha sido gradual, solo hasta 2019 se creó por primera vez un marco legal para aceptar formalmente a trabajadores de cualificación media y baja, pero solo en sectores específicos con escasez de personal. Esto ha dado paso a una compleja estructura de visados para atraer y gestionar a trabajadores según las necesidades de la economía. (Efectos económicos y sociales de un mundo con 281 millones de personas en situación de migración )
Incluso así, la eficacia de la nueva política migratoria de Japón depende de su implementación práctica y de la capacidad del país para integrar a los nuevos residentes en su tejido social. La brecha entre la política diseñada y la realidad vivida por los trabajadores extranjeros es considerable. Los desafíos van desde el incumplimiento de los objetivos de contratación y las condiciones laborales precarias hasta barreras culturales y sociales profundamente arraigadas que obstaculizan una verdadera integración. Además, la nación de por sí cuenta con escasez de políticas que promuevan un equilibrio entre vida laboral y personal.
Además de la persistencia de condiciones laborales deficientes, Japón ha perdido atractivo como destino laboral debido al estancamiento de los salarios y a la depreciación del yen frente a otras monedas asiáticas. A esto se suma un desafío aún mayor: las barreras sociales, entre las que destacan la arraigada ideología de homogeneidad étnica y la ausencia de políticas nacionales efectivas contra la discriminación y a favor de la integración social de los inmigrantes. Estos factores alejan a Japón de convertirse en el destino ideal para los migrantes.
