El contrabando de calzado se ha convertido en una de las principales amenazas para la industria formal en Colombia, afectando su competitividad y sostenibilidad. Se estima que aproximadamente el 25,0% del mercado de calzado está controlado por productos de contrabando e informalidad, lo que genera una competencia desleal para los productores legítimos que deben cumplir con regulaciones fiscales y aduaneras.
Este fenómeno no solo reduce las ventas de los fabricantes legales, también afecta la percepción de calidad del calzado colombiano, comprometiendo la estabilidad del sector. En 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decomisó más de 28.000 cargamentos de contrabando, con un valor superior a $570.000 millones. El sector del calzado fue uno de los más perjudicados, con aprehensiones que sumaron $54.723 millones, representando el 9,6% del total de mercancías incautadas.
La industria del calzado colombiano generó ventas por aproximadamente $4.8 billones en 2023, con una participación relevante en el empleo manufacturero nacional. Los principales polos de producción se concentran en Bogotá, Valle del Cauca y Atlántico, donde operan desde grandes conglomerados hasta microempresas. Sin embargo, la competencia con importaciones legales asiáticas y el contrabando han presionado márgenes de ganancia, obligando a fabricantes a modernizar procesos y explorar segmentos de mayor valor agregado para mantener viabilidad.
Las pérdidas por contrabando imponen costos significativos para empresas formales: reducción de ingresos, presión sobre precios, aumento de cartera morosa en distribuidores y limitaciones para inversión en innovación. Esta situación compromete la capacidad competitiva internacional del sector y desestimula nuevos emprendimientos formales. Las empresas establecidas requieren fortalecer canales de distribución directa y diferenciación de producto para contrarrestar la competencia desleal y asegurar sostenibilidad financiera.
