- Creada por la Ley 142 de 1994, la CREG regula los sectores de energía y gas en Colombia, asegurando la provisión eficiente de estos servicios y la competencia en el mercado, además de fijar tarifas para los consumidores.
- El actual gobierno ha cuestionado las regulaciones tarifarias de la CREG, proponiendo reducciones significativas de las tarifas de energía, lo que ha generado tensiones respecto a la sostenibilidad financiera del sistema.
- La CREG debe garantizar su independencia técnica, mantener el acceso a energía en zonas remotas y promover el desarrollo de tecnologías modernas, como redes inteligentes y almacenamiento de energía, para enfrentar los desafíos del sector.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es una institución clave en el funcionamiento y la estabilidad del sector energético en Colombia. Sin embargo, se ha visto envuelta en diversas polémicas. En el presente artículo abordamos el rol de la institución y los retos que enfrenta.
Origen y funciones de la CREG
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) nace en el marco de las políticas de apertura y modernización del sector energético en la década del 90. Sus funciones incluyen la regulación de las actividades en los sectores de energía y gas, reglamentar la operación para la planeación y la coordinación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), regular el mercado mayorista y fijar las tarifas de energía y gas combustible, entre otras. Debido a ello, la entidad ha tenido un rol protagónico garantizando la provisión de estos servicios, fomentando la competencia en un sector que se caracteriza por tener altos costos de inversión y regulando las tarifas cobradas a todos los consumidores del mercado.
La entidad está conformada por el ministro de Minas y Energía, quien la preside, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Además, también hacen parte de la entidad seis expertos en asuntos energéticos, los cuales tienen dedicación exclusiva y son nombrados por el presidente de la República para un periodo de cuatro años. El superintendente de servicios públicos domiciliarios también hace parte de la CREG, aunque sin capacidad de decisión.
Controversias recientes
La CREG se ha visto envuelta en algunas controversias, relacionadas con el enfoque y la visión del presidente en torno a la descarbonización, la sostenibilidad ambiental y la transformación del sistema energético en un instrumento para alcanzar una mayor justicia social.
Una de las controversias se relaciona con la política de tarifas energéticas. En particular, el presidente ha criticado los altos costos de la energía en el país, sugiriendo que las regulaciones de la CREG no han sido justas ni adecuadas para la realidad de Colombia. Además, ha propuesto una reducción significativa de las tarifas para aliviar la carga económica sobre los hogares, especialmente los más vulnerables. Tal propuesta ha causado tensión con la CREG, que en el ejercicio de sus funciones reguladoras considera variables como los costos de generación, transmisión y distribución. En medio de la tensión, analistas expertos han advertido que la reducción arbitraria de tarifas puede afectar la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras, especialmente en regiones en las que las tarifas son más elevadas.
De otro lado, el presidente ha puesto en duda la autonomía de la CREG y ha sugerido cambios en su composición y en su forma de operar. Específicamente, el gobierno ha propuesto modificaciones en la elección de los miembros de la CREG, buscando que sean más cercanos a sus objetivos e ideologías. Para algunos analistas, esta propuesta representa un intento de politizar a la entidad que, hasta ahora, ha tenido un carácter técnico.
En este escenario, algunos miembros como Natasha Avendaño y Ángela María Sarmiento renunciaron a sus cargos, al tiempo que diferentes voces manifestaron preocupación respecto a la independencia de la entidad. Además, por varios meses la Comisión no contaba con la cantidad de miembros suficientes para garantizar el quórum requerido para la toma de decisiones. Esta situación afectó el desarrollo de las funciones de la entidad.
Otro punto de tensión entre el gobierno y la CREG ha sido la transición energética. El deseo del presidente de acelerar la transición hacia energías renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles implica retos técnicos y financieros para la CREG. Por ejemplo, de un lado, el gobierno espera que se impulsen más proyectos de energías limpias (solar, eólica, entre otras). De otro lado, para dar respuesta a ello, la CREG debe ajustar sus regulaciones para que estas nuevas formas de generación se integren efectivamente al SIN.
En adición, considerando que la Comisión debe garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, la transición energética debe hacerse en forma controlada, lo que implica que se deben mantener algunas fuentes de generación tradicionales. Cabe señalar además que desde algunos sectores se ha advertido que, si se da una transición acelerada, existe un riesgo de desabastecimiento de energía y gas en el futuro cercano.
Retos para la CREG
Este escenario plantea importantes retos para la CREG en la actualidad. Uno de ellos consiste en balancear la justicia social con la sostenibilidad financiera. En el caso en el que la Comisión adopte una regulación muy estricta en las tarifas, existe el riesgo de desincentivar las inversiones futuras en el sector, las cuales son necesarias para garantizar la generación de energía en el futuro.
Otro reto es mantener su independencia técnica en el marco de los cuestionamientos de su autonomía y de las posibles reformas que el gobierno puede llevar a cabo. Este punto es fundamental para no perjudicar la confianza de los actores en el mercado y evitar la politización del sector. En el marco de la integración de fuentes limpias de generación, la CREG tiene el desafío de integrar las grandes cantidades de energía intermitente al sistema e incentivar el desarrollo de redes inteligentes, almacenamiento de energía y mecanismos de respaldo. La transición energética también trae consigo el reto de garantizar el suministro mientras se transita hacia energías limpias.
Se identifica otro desafío relacionado con la expansión de la cobertura energética. Aunque el acceso a la electricidad y al gas ha mejorado en el país, todavía hay zonas rurales y remotas que no tienen acceso a estos servicios. Uno de los retos para la CREG es continuar promoviendo la expansión de las redes de energía y gas natural a estas áreas, sin comprometer la sostenibilidad económica de las empresas proveedoras.
En conclusión, la CREG ya enfrentaba varios retos en su gestión asociados con el entorno cambiante de la realidad del sistema energético. Sin embargo, el gobierno actual ha agregado presión al cuestionar su autonomía, la efectividad de sus acciones regulatorias y las potenciales reformas que afectarían el funcionamiento futuro de la entidad.
