El diagnóstico es claro, los sistemas de salud que buscan la universalidad de la cobertura no son sostenibles financieramente, eso lo han sabido todos los gobiernos, la diferencia es que los anteriores han tenido voluntad de trabajar la situación y el actual no le ha prestado atención. De esta forma según la Vicepresidencia de Salud de la ANDI, de 2021 a 2024 se ha acumulado un déficit de $20 billones.
Las consecuencias se evidencian en que los prestadores están sobreviviendo con el día a día, las EPS no están garantizando los tratamientos integrales, los pacientes sufren, el gasto de las familias en salud es lo que más está creciendo. Aquí entra una frase clave de Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, “todos tenemos derecho a la salud sin empobrecernos”.
Entendiendo la situación actual, debemos pensar en las soluciones, y estas, con base en la Vicepresidencia de Salud de la ANDI, están en fijar las bases para el Plan Nacional de Desarrollo de 2026 – 2030; donde en los primeros cien días se implementen mecanismos de pago por disponibilidad para parar el cierre de servicios, redireccionar fondos que no se están yendo a salud, estabilizar las EPS intervenidas y estructurar un fondo para la operación corriente.
Logrando la estabilización, reformular el funcionamiento del sistema: regionalización, reprivatización, ajustar el componente de inspección – vigilancia – control, indicadores de habilitación basados en riesgos, disminuir el pago por evento, incentivar nuevas formas de contratación a lo largo de la cadena de valor, pagos por resultados. Al final, establecer la salud como motor para el crecimiento económico sostenible.
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