Desde que el presidente Juan Manuel Santos inició su gobierno mostró interés en lograr el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instancia que establece los parámetros de buen gobierno y fomenta la implementación de buenas prácticas para consolidar el desarrollo económico y social de las naciones. Para cumplir este objetivo, en enero de 2011 Colombia dio el primer paso manifestando su interés en ingresar y comenzó a trabajar con algunos comités y grupos de trabajo. A su vez, la organización inició el proceso de revisión de políticas para dar recomendaciones encaminadas a mejorar el desarrollo de los lineamientos públicos locales. (Artículo relacionado: Colombia en la Recta Final para Ingresar a la OCDE)
En 2013, el consejo de la OCDE abrió formalmente la discusión de acceso para Colombia, con una Hoja de Ruta que establecía los términos y condiciones del proceso e identificaba los 23 comités y los 200 estándares bajo los cuales sería evaluado el país. En 2014, el Gobierno Nacional presentó el Memorando Inicial, en el que elaboró una revisión preliminar de la situación del país frente a los estándares de la OCDE como base para que los diferentes comités revisaran las políticas públicas.
La aprobación por parte del comité de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales (Elsac) de la OCDE significó un gran esfuerzo para el país, luego de seguir las recomendaciones para la reglamentación de la tercerización, el aumento en la formalidad y el incremento de inspectores de trabajo -que pasaron de 484 a 904-, quienes además han mejorado sus condiciones laborales, salariales y han recibido capacitación con el apoyo de la Organización Internacional de Trabajo y el fortalecimiento del dialogo con las organizaciones sindicales .
Tras obtener la aprobación de diferentes comités, el país solo tenía la chatarrización, la desregulación del precio de los medicamentos y la deficiencia en temas de propiedad intelectual para ingresar a la organización.
Sin embargo, el punto de la desregulación de los precios de los medicamentos era especialmente complejo, pues reñía con el gran avance en materia de salud que significa el control de los precios de más de mil medicamentos para el tratamiento contra el cáncer, la hepatitis, además de antibióticos y anticonceptivos, que han generado mayor acceso de los usuarios del sistema. Ante esto, Estados Unidos había sido reiterativo en que no votaría a favor del ingreso del país a la OCDE mientras existieran las regulaciones (Lea también: El requisito de EE. UU para que Colombia entre a la OCDE). Por este motivo, el Ministerio de Salud publicó en marzo un borrador del Decreto 433 en el que modificaron las reglas para evaluar la entrada de nuevos medicamentos al país y las condiciones para determinar su precio.
Anteriormente, en el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015, la evaluación hecha por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud a los medicamentos y dispositivos médicos y el precio que este determine eran necesarios para obtener el registro sanitario de INVIMA, pero con este nuevo decreto el IETS solo se encargará de revisar la eficacia de los medicamentos y será un proceso independiente del registro sanitario, permitiendo así la entrada de nuevos medicamentos al país. (Artículo relacionado: Colombia es el Segundo País con los Precios más Altos de Medicamentos en América Latina)
En el caso de la chatarrización, Estados Unidos exigió que el programa debía finalizar en abril de este año, pero el Ministerio de Hacienda indicó que es imposible cumplir con este plazo y que serán necesarios dos años más antes de concluirlo. Inicialmente el programa terminaba diciembre de 2018, pero de los $1,1 billones aprobados por el Conpes, que se han ido desembolsando año tras año, solo se ha ejecutado el 50% por cambios en el presupuesto nacional, restando más de 20.000 vehículos que necesitan ser renovados, prolongando la vida de este programa. (Lea también: Preocupación de Transportadores de Carga por Condicionamientos de Estados Unidos). Aunque el país no tomó acciones sobre este programa, recibió el apoyo del National Security Council en el comité comercial, último que debía aprobar la entrada, el cual tiene especial interés en la erradicación de cultivos ilícitos a través de los Programas de Glifosato, lo que hace posible exista un acuerdo, a pesar de la oposición del Ministerio de Salud que promueve la eliminación manual.
Este año, Estados Unidos incluyó a Colombia en su lista roja de la violación de los derechos de propiedad intelectual debido a los pocos avances significativos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el tratado de libre comercio entre ambas naciones. Desde 2011 el gobierno ha intentado aprobar una ley en la que se dé protección completa a los derechos de autor, conocida como la Ley Lleras, con el fin de cumplir con las normativas internacionales en esta materia. El pasado 22 de mayo el proyecto de ley fue aprobado en el senado, cumpliendo así el con el último requisito impuesto por Estados Unidos para votar a favor del ingreso del país a la OCDE.
La OCDE emite estadísticas y mediciones con las que Colombia no cuenta actualmente, a través de las cuales puede compararse con los 35 miembros actuales de la organización, mientras que recibe asesoría de políticas públicas. Con el ingreso del país, se espera que la competitividad frente a los socios comerciales aumente, al igual que el atractivo para los inversionistas, ya que pertenecer a esta organización es una carta de presentación que significa que se cuenta con procesos que siguen estándares internacionales y con normas de anticorrupción y transparencia.
