Las reglas ficales son arreglos institucionales que regulan el comportamiento de la política presupuestal de un Estado. A pesar de que pueden tomar diversas formas, se centran en la relación entre los ingresos y gastos públicos frente al PIB. El objetivo de una regla de este tipo es mantener una coherencia presupuestal, de tal forma que en el corto plazo brinde estabilidad macroeconómica y a lo largo del tiempo arroje unas finanzas públicas sanas.
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Si bien este es un tema que concierne a las entidades nacionales, también constituye un factor de análisis por parte de las evaluadoras de riesgo internacional, las cuales asignan calificaciones de riesgo sobre los diversos Estados. Esto quiere decir que, dependiendo de la rigurosidad de la regla fiscal y su cumplimiento, se puede esperar que los inversionistas internacionales estén interesados o no en entrar a un país.
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En el caso colombiano existe una regla fiscal estructural reglamentada en 2011 mediante la Ley 1473, la cual es regulada por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, órgano independiente de carácter técnico. Este comité está conformado por nueve miembros elegidos por el Ministerio de Hacienda y la presidencia del congreso, entre los que se encuentran reconocidos analistas, decanos de economía y los presidentes de las comisiones económicas del senado.
En el apartado nacional, la regla fiscal compromete al Estado a reducir su déficit conforme avanza el tiempo. Y en efecto, entre 2011 y 2013 el déficit fiscal tuvo una reducción del 4.7%, lo que parecía indicar que la regla surtiría efecto. Sin embargo, debido a la caída de los precios del petróleo a mediados del 2014, lo cual afectó los ingresos públicos; el déficit repuntó, alejando al gobierno colombiano de los objetivos en materia fiscal.
En 2015, la situación se agravó, de tal forma que el déficit respecto al PIB terminó en 3%, cuando la meta era 2.3%, lo mismo que en 2016, año en que cerró en 4.0%, porcentaje mayor al 2.2% propuesto como objetivo. Debido a las dificultades para cumplir con las metas de la regla fiscal, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelantó una reforma tributaria en 2016 (Reforma Tributaria, Impuestos e Informalidad), con la cual se logró reducir el déficit. Ya en 2018, se obtuvo un faltante respecto al PIB del 3.8%, lo que impidió que las evaluadoras de riesgo disminuyeran la calificación del país.
Pese a los esfuerzos, la llegada de millones de ciudadanos venezolanos, a raíz de la crisis social y económica que vive su país, ha ocasionado un incremento en el gasto en salud y educación (Colombia y Venezuela ¿Países Realmente Hermanos?). Debido a esto, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal dio el visto bueno para relajar este parámetro durante 2019 y 2020, lo que constituye un alivio para el gobierno.
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Por último, la gran preocupación es que las evaluadoras de riesgo reduzcan la calificación del país, lo que podría conllevar a una disminución de la inversión extranjera y a dificultades para obtener créditos en el exterior. Por el momento, Fitch Rating, una de las calificadoras más importantes a nivel mundial, afirmó que esto no es probable. Aún así, es necesario que la flexibilización de la regla fiscal sea temporal, para no afectar el comportamiento de la deuda en el largo plazo.
