El sector salud en Colombia atraviesa una crisis estructural, a pesar de mantener una alta cobertura del 98,4% de la población a agosto de 2025. El sistema enfrenta una grave desfinanciación, con deudas que ascienden a $24,0 billones con las IPS a junio de 2025 y un déficit en reservas técnicas de $12,4 billones.
La situación se agrava debido a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo déficit se intensificó en 2025 ante el incremento de la inflación en salud, que en agosto alcanzó el 5,7%, superando en 0,4 puntos porcentuales el crecimiento de la UPC para este año. La crisis financiera genera severas repercusiones operativas: durante el primer semestre de 2025 se registró el cierre de 6.084 servicios de salud, según datos de la Unión de Empresas del Sector Salud (UNIPS). Al mismo tiempo, la insatisfacción de los usuarios ha aumentado de manera alarmante, reflejándose en un incremento del 33 % en los reclamos.
En el plano político, el proyecto de reforma a la salud permanece estancado en el Congreso. En respuesta, el Gobierno ha optado por una “reforma de facto” a través de decretos y resoluciones que buscan implementar un modelo preventivo con redes territoriales (RIITS), trasladando el poder de las EPS a las entidades locales. La estrategia, aunque busca cumplir órdenes de la Corte Constitucional, enfrentó altos riesgos jurídicos y operativos; los cuales se materializaron en octubre de este año con la suspensión por parte del Consejo de Estado de la medida.
