Las entidades o sociedades sin ánimo de lucro según la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) “son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros”. Su objetivo no es la obtención de una utilidad económica y han sido creadas para cumplir una función social.
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Por su naturaleza jurídica y económica estas asociaciones se encuentran exentas de impuestos, casi en su totalidad, esto con el fin de incentivar la labor social y la organización de sociedades cuya misión sea operar por el bienestar social o de un grupo de personas específico. En Colombia hay 220 mil sociedades sin ánimo de lucro, muchas realizan importantes funciones sociales, pero otras se están aprovechando de la figura para evitar el pago de impuestos y han venido realizando actividades comerciales que tienen que ver con ánimo de lucro.
Un caso reciente en Colombia es el de la Universidad San Martín, donde se realizaron desvíos de los recursos de educación a otras actividades económicas que no dieron buenos resultados y que destaparon una serie de malos manejos económicos, inversión en proyectos inviables y ambiciones económicas de los dirigentes que no tienen nada que ver con las funciones sociales que deben animar a estas instituciones. Todo esto llevó a que en el año 2013 se suspendieran algunos de sus programas académicos y que hoy esté sometida a estricta vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional, además debe acatar las medidas adoptadas por el ente gubernamental para la adecuada administración de los bienes en unos plazos determinados.
Hechos como estos han llamado la atención del gobierno nacional que ya está pensando en normas para atacar estas situaciones. El Ministerio de Hacienda creará una comisión para elaborar una reforma profunda al actual estatuto tributario, donde uno de los puntos importantes es la reglamentación de las sociedades sin ánimo de lucro, se pretenden tomar medidas para controlar su accionar, reglamentar las rentas exentas y beneficios tributarios que se conceden actualmente.
Este proyecto debe buscar el fortalecimiento de la función de vigilancia y reglamentar el diseño de mecanismos para realizar un seguimiento exhaustivo de los recursos que manejan estas organizaciones y así disponer de herramientas para separar correctamente instituciones a las que mueve el ánimo de lucro de aquellas que pretenden trabajar por el bienestar social.
Ya dentro de un artículo de la Reforma Tributaria que se tramita actualmente ante el Congreso de la República, se estipuló que los aportes que los asociados realizan a las cooperativas para constituir el capital social deberán ser incluidos en la base gravable del nuevo impuesto a la riqueza. El gremio se ha manifestado aduciendo que se está desconociendo la naturaleza de las cooperativas constituidas como sociedades sin ánimo de lucro. De aprobarse el articulado, estas instituciones dejarían de contribuir cierta cantidad de recursos a la educación formal por la reducción en los aportes.
El sector solidario considera que el gobierno limita la operación de sus entidades. Esta no es una regulación directa a las sociedades sin ánimo de lucro, pero sí un hecho que las afecta de forma indirecta, pues desincentiva la participación en ellas. Es claro pues el reto del gobierno de evitar la evasión de impuestos a través de la figura de sociedades sin ánimo de lucro sin desincentivar la función social de este tipo de instituciones.
