La decisión del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30,0% a las importaciones colombianas a partir del primero de febrero de 2026 ha generado una alerta en la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes). La agremiación advierte que esta barrera comercial elevará significativamente los costos de ingreso de vehículos y repuestos al mercado vecino, lo cual se traducirá en precios más altos para el consumidor final y en una posible escasez de referencias de alta rotación. Tal coyuntura no solo afecta la dinámica comercial, sino que podría incentivar el crecimiento de canales informales e ilegales, comprometiendo la trazabilidad de los componentes y la seguridad vial de los usuarios.
Según el diario El Espectador, el impacto económico de la medida es considerable, dado que el sector autopartista es un eslabón clave en la cadena productiva nacional. Cifras del Radar de las Autopartes, basadas en reportes del DANE, indican que las exportaciones de estos insumos alcanzaron los US$222,7 millones FOB con corte a noviembre de 2025. El gremio señala que cambios bruscos en las condiciones de acceso alteran la planeación comercial de fabricantes y distribuidores, poniendo en riesgo la estabilidad del empleo formal y la inversión tanto en Colombia como en Ecuador.
Ante este escenario adverso, Asopartes ha hecho un llamado a los gobiernos de ambas naciones para activar canales diplomáticos y técnicos que permitan revisar el alcance de la restricción frente a los compromisos comerciales vigentes. La organización subraya la necesidad de encontrar soluciones concertadas que protejan el mercado binacional y aseguren un abastecimiento legal, evitando que las distorsiones de precios terminen favoreciendo al contrabando y afectando la competitividad de una industria esencial para la movilidad regional.
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