El Gobierno Nacional emitió el Decreto 1166 de 2025, a través del cual elimina la exigencia de la licencia de construcción para intervenciones financiadas con el subsidio familiar de vivienda, en modalidades como mejoramiento, vivienda progresiva o construcción en sitio propio. El Ministerio de Vivienda argumenta que la medida opera bajo un modelo de “autogestión” y busca agilizar los programas oficiales, como la meta de 400.000 mejoramientos del Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con el portal Infobae, la medida ha generado una fuerte polémica. La concejal de Bogotá, Sandra Forero (Expresidenta de Camacol), advirtió que la decisión es un “retroceso institucional” que pone en riesgo la seguridad de las familias vulnerables. La concejal destacó que la inversión total destinada a estos subsidios, que pueden alcanzar los $31,3 millones por familia, asciende a $12,5 billones de pesos, los cuales ahora se ejecutarían sin el respaldo técnico y jurídico que ofrece una licencia.
El nuevo decreto establece que la licencia será reemplazada por una “Carta de Responsabilidad” expedida por profesionales autorizados, quienes certificarán el cumplimiento de las normas de sismo-resistencia y los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, los críticos, como la concejal Forero, señalan que esto desmantela la institucionalidad del sector, no garantiza las normas técnicas y representa un grave riesgo social y urbanístico para los cerca de 5 millones de hogares en déficit habitacional.
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