El Gobierno Nacional ha presentado un borrador de decreto que pretende desvincular el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) del incremento del salario mínimo (el salario mínimo subió un 23,7 % para 2026). La medida busca unificar el tope máximo de venta en 135 salarios mínimos, fijando el valor en pesos colombianos desde la firma del contrato de separación hasta la escrituración. Dicha iniciativa establecería un techo aproximado de $236 millones. Además, elimina los rangos superiores de 150 y 175 salarios que aplicaban para grandes ciudades y proyectos de renovación urbana. El objetivo es controlar la inflación en el sector inmobiliario y evitar alzas desproporcionadas para los compradores.
Según el portal Metro Cuadrado, la comercialización de vivienda VIS representa el 67,0 % de las ventas totales de unidades nuevas en el país. Se registraron 107.235 inmuebles vendidos entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, el gremio constructor Camacol advierte que tal modificación normativa podría generar una contracción en la oferta. Estiman que los costos de producción aumentarían entre un 10,0 % y un 15,0 % debido a la dificultad de proyectar el valor de insumos y mano de obra bajo un esquema de precios fijos. Por lo tanto, se desincentivaría el desarrollo de proyectos en las principales capitales y los desplazaría hacia las periferias.
La propuesta genera incertidumbre jurídica sobre los negocios pactados con anterioridad. Si el valor comercial supera el nuevo límite establecido, los compradores perderían el acceso a subsidios estatales y tasas preferenciales, dificultando su cierre financiero. El panorama se torna complejo si se considera la disminución en la asignación de subsidios del programa “Mi Casa Ya”, el cual pasó de cubrir más de 308.000 cupos en años anteriores a solo 58.000 en el periodo reciente. Esta realidad, sumada al encarecimiento de los arriendos por la menor oferta disponible, presiona la capacidad adquisitiva y el bienestar de los hogares colombianos.
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