El reciente decreto gubernamental que incrementa el salario mínimo en un 23,7 % para 2026 ha generado una alerta institucional en el sector educativo privado, el cual advierte sobre un desequilibrio financiero que pone en riesgo la continuidad de miles de jardines infantiles y colegios. Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Mesa Académica Nacional Convivencia Familia – Educación (MANCFE) y la Mesa Departamental de Rectores, señalan que esta medida desconoce la realidad económica de un sector donde los ingresos regulados por matrículas solo aumentaron en promedio un 7,0 %, creando una brecha insostenible que amenaza con la quiebra de instituciones formales.
Según el comunicado oficial, el impacto será devastador para la estabilidad laboral y la calidad educativa, anticipando una inminente reducción de personal administrativo, la sobrecarga de docentes y la migración forzada hacia modelos de contratación informal para sobrevivir. El gremio enfatiza que cerca del 85,0 % de estas instituciones atienden a población de estratos 1, 2 y 3, por lo que el cierre de establecimientos no solo destruiría empleo formal, sino que dejaría a miles de niños sin acceso a educación inicial de calidad, obligando a las familias a recurrir a servicios sin supervisión ni garantías pedagógicas.
Ante este panorama crítico, las organizaciones han solicitado al Gobierno Nacional la derogatoria del decreto o la implementación urgente de medidas de salvamento, tales como subsidios temporales a la nómina, alivios en cargas parafiscales y la creación de un fondo de compensación sectorial. Los líderes educativos insisten en que fortalecer el ingreso de los trabajadores no puede lograrse a costa de la desaparición de un servicio social esencial, advirtiendo que la rigidez de la estructura de costos, especialmente en preescolar donde se exige una baja relación niño-docente, hace inviable la operación bajo las nuevas condiciones salariales.
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