El sector de la educación preescolar en Colombia atraviesa una contracción estructural, evidenciada por la clausura de múltiples instituciones a nivel nacional. Solamente en Bogotá, se registró la desaparición de 428 establecimientos privados entre 2018 y 2024. Dicha tendencia negativa ha continuado agudizándose recientemente, al punto de que tan solo en enero de 2026 se reportaron 59 cierres en todo el país, según la Asociación Nacional de Preescolar (Andep), cifra muy cercana al promedio anual histórico de 90 liquidaciones. El declive del mercado obedece principalmente a una reducción drástica y sostenida en los índices de natalidad durante el último quinquenio.
Según el diario La República, las estadísticas oficiales reflejan una caída vertiginosa en los nacimientos, pasando de 629.402 en 2020 a 453.901 en 2024, lo cual representa una disminución del 38,7 % para dicho último año. Durante el periodo comprendido entre enero y julio de 2025, el indicador apenas alcanzó los 243.870 recién nacidos. Adicionalmente a la reducción del público objetivo, los gremios del preescolar advierten que el ecosistema enfrenta una estructura operativa cada vez más costosa. Tal situación se agrava por las altas exigencias de infraestructura, requerimientos de inclusión y la existencia de normativas duplicadas que imponen fuertes cargas burocráticas a nivel nacional.
Frente a semejante coyuntura, las asociaciones que agrupan a los centros de primera infancia recalcan la necesidad de ir más allá de la simple resistencia financiera. Los líderes del segmento proponen fortalecer los procesos pedagógicos, elevar la calidad académica y avanzar hacia modelos de gestión caracterizados por una mayor eficiencia. Al mismo tiempo, los directivos exploran esquemas de articulación y alianzas estratégicas que permitan optimizar los recursos sin sacrificar los estándares educativos. El objetivo primordial consiste en lograr una adaptación ágil ante una demanda menguante, promoviendo un trabajo coordinado entre lo público y lo particular.
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