El sector educativo privado en Colombia atraviesa una crisis estructural que ha derivado en la clausura de más de 800 instituciones desde el año 2020. Dicho fenómeno, agudizado tras la pandemia, ha afectado los niveles de ocupación, los cuales pasaron de rangos históricos entre el 90,0% y el 95,0% a un promedio actual cercano al 60,0%. La sostenibilidad financiera de estos planteles se encuentra comprometida debido a la deserción escolar, la presión económica sobre los hogares y la baja natalidad obligando a muchas familias a migrar hacia el sistema oficial ante la imposibilidad de costear las pensiones.
Según La República, cifras de la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol) revelan que tan solo en Bogotá cerraron sus puertas 35 establecimientos durante 2025. El impacto se concentra mayoritariamente en instituciones que atienden a los estratos 1, 2 y 3, las cuales representan entre el 87,0% y el 90,0% de la oferta privada. Voceros del gremio explican que esta situación obedece a una tormenta perfecta donde se combinan la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el incremento en los costos operativos, afectando proyectos educativos construidos durante décadas.
A los factores económicos se suma un desafío demográfico profundo marcado por el descenso en la natalidad, pues la tasa global de fecundidad bajó de 2,1 hijos por mujer en 2015 a aproximadamente 1,3 en 2023. Directivos docentes advierten que el sistema actual está diseñado para una pirámide poblacional que ha dejado de existir, generando un desajuste que exige a los colegios reinventar su propuesta de valor. Tal escenario plantea una alerta para los futuros gobernantes, quienes deberán gestionar un modelo que corre el riesgo de contraerse sin lograr la transformación necesaria para atender las nuevas realidades del país.
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