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Ingresos corrientes resultan insuficientes para cubrir los gastos universitarios, déficit supera los $1.3 billones

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La sostenibilidad financiera de la educación superior pública en Colombia enfrenta un momento crítico debido a un déficit estructural que afecta a la mayoría de las instituciones estatales. Un análisis de la Contraloría General de la República, el cual cubre el periodo comprendido entre 2019 y 2024, revela que los ingresos corrientes resultan insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento en gran parte del sistema. La Universidad Nacional encabeza la lista de desequilibrios acumulados con un faltante de $764.220 millones, seguida por la Universidad de Antioquia con $563.605 millones. Dichas cifras evidencian la fuerte presión presupuestal derivada de la nómina, el mantenimiento de infraestructura y la ampliación de cobertura sin un aumento proporcional en el financiamiento.

El informe destaca una singular excepción dentro del grupo analizado: la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Tal entidad logra sostener su operación principalmente con recursos propios, convirtiéndose en la única autosostenible entre los 34 establecimientos evaluados. En contraste, los demás planteles dependen en gran medida de las transferencias del Gobierno Nacional, un modelo que limita la capacidad de planeación a largo plazo y reduce el margen de maniobra para realizar inversiones estratégicas en investigación, innovación y modernización tecnológica. El ente de control advierte que la problemática no es coyuntural, sino que requiere revisiones urgentes al esquema de asignación de recursos.

El incremento sostenido en los costos operativos y las obligaciones laborales ha profundizado las brechas financieras, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema universitario público. Expertos y autoridades coinciden en la necesidad de realizar ajustes estructurales que garanticen la solvencia económica sin afectar la calidad académica ni restringir el acceso estudiantil. De no implementarse reformas sustanciales, el hueco fiscal podría continuar ampliándose, comprometiendo severamente la capacidad de crecimiento y el papel fundamental de movilidad social que desempeñan dichos centros educativos en los próximos años.

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