El pasado miércoles 6 de marzo se hizo la presentación de la ponencia positiva de la reforma a la salud por parte del Pacto Histórico, liderada por el presidente Gustavo Petro, ante la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, este paso crucial ha sido recibido con escepticismo y desacuerdo por parte de diversos sectores políticos y expertos del país.
El análisis realizado por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, muestra una serie de preocupaciones en torno a la propuesta de reforma. Una de las principales inquietudes gira en torno al control político del presupuesto de salud, que, según Valencia, quedaría en manos de las direcciones territoriales de salud, otorgando a los políticos un papel preponderante en decisiones financieras cruciales para el sistema de salud pública. Además, se señala la preocupación sobre la ejecución de proyectos de infraestructura hospitalaria bajo normas de derecho privado, lo que podría generar posibles irregularidades en la contratación de servicios.
El papel de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) también ha generado debate, ya que se propone que esta entidad se convierta en el pagador único del sistema de salud, lo que podría tener repercusiones negativas en la calidad e innovación de los servicios y medicamentos disponibles.
La desaparición anunciada de las EPS para el 2027 ha levantado interrogantes sobre el futuro de la prestación de servicios de salud en el país, así como la creación de los Comités de Autorregulación para médicos, que plantea dilemas éticos y de independencia profesional.
Además, las preocupaciones incluyen la falta de claridad sobre la gestión del riesgo financiero y la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), cuya eficacia y capacidad para coordinar el sistema de salud están en entredicho.
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