La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido una alerta sobre la política fiscal y energética de Colombia, instando al Gobierno a desmontar los subsidios a los combustibles fósiles y elevar los tributos a la energía. El organismo advierte que el actual esquema de exenciones anula la efectividad del impuesto al carbono, generando una anomalía donde la tasa efectiva de tributación sobre las emisiones resulta negativa. Dicha contradicción incentiva el consumo de fuentes altamente contaminantes en lugar de penalizarlas, alejando al país de la neutralidad de carbono proyectada para 2050 y comprometiendo la transición climática necesaria.
Según Infobae, para cumplir con el compromiso de disminuir los gases de efecto invernadero en un 51,0 % hacia 2030, la Nación debe revertir drásticamente su tendencia histórica. Mientras que entre 2005 y 2020 las emisiones crecieron a una tasa promedio anual del 1,7 %, el nuevo objetivo exige una reducción anual del 5,4 %. El informe subraya que tal corrección solo será viable si se eliminan los incentivos fiscales perjudiciales y se acelera la acción en sectores críticos como el transporte y la agricultura, a pesar de que la deforestación alcanzó en 2023 su punto más bajo en dos décadas.
El diagnóstico también revela graves consecuencias en salud pública y servicios básicos, estimando que la mala calidad del aire causó cerca de 7.000 muertes prematuras en el último año, con un impacto económico equivalente al 2,9% del PIB. A lo anterior se suman rezagos estructurales en infraestructura hídrica, pues solo el 74,0 % de la población accede a agua potable y apenas el 18,0 % cuenta con sistemas de saneamiento gestionados de forma segura. Ante este panorama, donde dos tercios de los ecosistemas se encuentran amenazados, la entidad internacional insiste en fortalecer la capacidad financiera e institucional para alinear la economía con los estándares ambientales globales.
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