El pasado 30 de julio, el Ministerio de Transporte lanzó un proyecto de resolución para legalizar el servicio de motocarros. Así mismo, el 3 de agosto se expidió la resolución 03256 que reglamenta el servicio público de transporte de pasajeros en “triciclos no motorizados con pedaleo asistido”, es decir, bicitaxis.
Ambas decisiones generaron debates a favor y en contra. Algunos conductores dicen que esto les da calma, ya que no viven con temor de que se les decomise el vehículo en ciertas vías, además de que el sector automotriz podría incrementar sus ventas en este nicho. Por otro lado, algunos conductores afirman que la legalización les generará más costos por cobros de impuestos y de seguros que superan los $500.000, incluyendo el pago Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), adicionalmente muchos usuarios consideran inseguros este tipo de vehículos.
Para el presidente de la Asociación Regional de Transporte Urbano por Buses y Busetas del Atlántico (Analtra), Geovanny Ramos, “estas medidas no son las adecuadas, teniendo en cuenta que se está renovando la flota en la ciudad. Según la resolución, los motocarros y bicitaxis le van a llevar pasajeros al Sistema de Transporte Masivo, pero no veo qué tanto pueden aportar si solo tienen cupo para tres personas”.
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