El gremio avícola de Santander ha advertido de fuertes afectaciones a causa del requerimiento que hace el Invima a las plantas especiales de sacrificio de aves, por medio del Decreto 1500 de 2007, en el que exige la presencia de un inspector sanitario enviado por esta autoridad y que deben pagar los mismos empresarios. Esto genera incertidumbre, ya que muchos no cuentan con los recursos necesarios para cumplir este requisito. Cabe resaltar que el departamento cuenta con más de seis plantas de sacrificio y tienen permiso para tratar 3.000 aves por día.
Por ello, piden que les incrementen el cupo de sacrificio para poder solventar la afectación financiera que atraviesan y que se ha hecho más notoria desde la pandemia de covid-19. “Al no ser capaces de pagar los requerimientos del Invima, las plantas se ven obligadas a cerrar. Entonces son entre 30 y 50 personas que quedarían sin empleo si no pagamos el inspector y, además, hay que pagarlo por adelantado”, sostuvo Jorge Chacón, vocero de las plantas de sacrificio.
