En la Cámara de Representantes se aprobó la nueva ley de infraestructura con la cual serán blindados los bancos que financien los proyectos de 4G. De acuerdo con estos estatutos, en caso de que un contratista no cumpla con las obligaciones, el Estado responderá a las entidades financieras. Según el organismo gubernamental, el proyecto está diseñado con la finalidad de fortalecer los procesos de contratación pública de manera especial en las regiones.
Las entidades financieras ahora ven un aseguramiento efectivo, dado que la norma no solo cubrirá el monto desembolsado por el banco sino que también los intereses generados. Adicionalmente, una de las características que posee la ley es su retroactividad, por lo cual los contratos tomados antes de la aprobación serán también beneficiados con la norma. Grupo Aval, quien vio afectadas sus utilidades a raíz del caso de Odebrecht, podrá ser el primer beneficiario de la ley.
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