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El pasado 30 de septiembre, luego de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, hizo pública su decisión de disolver el Congreso, nombrado 2016 para un periodo que terminaba en 2021 y hacer el llamado a elegir en enero de 2020 un Parlamento nuevo, fue el Congreso quien suspendió a Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por “incapacidad temporal” y nombró a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.
Por medio de su cuenta de Twitter la presidencia informó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reafirmaron su respaldo al orden constitucional y al presidente Vizcarra. Sin embargo, los miembros del congreso lo denominaron como una amenaza a la democracia y al orden constitucional.
Este panorama pone en mayor tensión las relaciones políticas en Perú en un momento de hostilidad entre los poderes ejecutivo y legislativo. Varias fuentes aseguran que el jefe de estado podría utilizar la fuerza pública ya que cuenta con su apoyo, para desalojar el edificio parlamentario y continuar con sus planes de disolución.
