El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), trabaja en la estructuración de un nuevo marco normativo diseñado para modernizar el ecosistema de transacciones y ampliar el acceso al crédito formal en el país. La iniciativa gubernamental surge ante la necesidad de fortalecer la infraestructura económica actual, garantizando operaciones eficientes y seguras para hogares y empresas. Semejante actualización legal busca responder a la rápida transformación tecnológica del sector, promoviendo un entorno competitivo que facilite la inclusión de toda la población.
Según el diario Portafolio, el uso de canales electrónicos experimentó un crecimiento acelerado durante los últimos años, pasando de representar el 19,9 % de las operaciones financieras en 2018 a un 62,9 % para el cierre de 2023. Paralelamente, la cantidad de datáfonos disponibles en el territorio nacional registró un aumento del 18,7 %, alcanzando una densidad de 341 dispositivos por cada 10.000 adultos. A pesar de los avances evidentes, persisten diversas barreras geográficas y costos operativos que limitan la adopción masiva de herramientas transaccionales en múltiples zonas rurales.
Para superar los obstáculos mencionados, el proyecto normativo contempla un decreto específico sobre el sistema de pagos de bajo valor, cuyo propósito principal consiste en impulsar redes inmediatas e interoperables. En paralelo, la agenda evalúa la implementación de un modelo de finanzas abiertas que permita compartir información financiera entre distintos actores del mercado, siempre bajo la autorización previa de los clientes. Dicho esquema fomentaría una mayor oferta de productos crediticios, exigiendo un equilibrio riguroso entre la innovación tecnológica, la estabilidad económica y la protección de los datos personales.
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