El pasado viernes se detonó un escándalo dentro de la multinacional cementera mexicana Cemex, por cuenta de una irregularidad relacionada con la adquisición de un terreno en el municipio de Maceo (Antioquia), en el que actualmente se construye una planta cementera de la compañía.
El terreno en el que se construye la planta se encuentra en un proceso de extinción de dominio y Cemex disponía de un acuerdo oficial para usarlo en arriendo, esto con conocimiento y autorización del Holding en México; pero lo que desconocía la casa matriz eran los pagos por 20.6 millones de dólares que se realizaron a un tercero, apoderado de C. I. Caliza (empresa en extinción de domino) y socio del chatarrero José Aldemar Moncada, criminal condenado por la justicia colombiana y asesinado hace un par de meses.
Una denuncia anónima fue la que alertó sobre la situación, por lo que la casa matriz inició un proceso de auditoría interna en Cemex Colombia, cuyos hallazgos ocasionaron el despido del vicepresidente de Planeación, Édgar Ramírez Martínez, y del representante legal, Camilo González Téllez. Posteriormente, se conoció que Carlos Jacks Chavarría, director ejecutivo de Cemex en Colombia, había renunciado a su cargo.
