El sector cacaotero colombiano enfrenta un reto ante la inminente entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, normatividad que comenzará a regir el 30 de diciembre de 2026. Dicha medida exigirá que las exportaciones agrícolas no provengan de tierras taladas después del 31 de diciembre de 2020. Aunque la política aplica directamente a los operadores del bloque comercial, sus efectos impactan a las 65.000 familias productoras del grano a nivel nacional, quienes deberán demostrar de manera rigurosa el origen sostenible de sus cosechas para mantener el acceso al mercado internacional.
Según el diario Portafolio, el Gobierno Nacional conformó una mesa interinstitucional para diseñar herramientas que faciliten el cumplimiento de los nuevos requisitos, destacando que entidades como Fedecacao ya lideran iniciativas de trazabilidad. Sin embargo, líderes gremiales advierten que las exigencias técnicas terminarán favoreciendo a las grandes compañías globales. Los pequeños cultivadores carecen de los recursos financieros necesarios para asumir los altos costos de georreferenciación y certificación privada, un factor que encarecerá drásticamente la actividad agrícola en un momento donde las ventas frecuentemente se realizan por debajo del punto de equilibrio operativo.
A pesar del panorama regulatorio, los voceros del gremio recalcan que el cultivo del cacao no se desarrolla sobre selva virgen, sino que se ubica en antiguos potreros y tierras previamente degradadas. Semejante realidad se complementa con reportes oficiales que indican una reducción del 34,0% en la deforestación nacional durante el último periodo evaluado. Por tal motivo, los agricultores aseguran que el país tiene la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos con relativa facilidad, siempre y cuando exista una voluntad política real para consolidar un respaldo gubernamental que evite la exclusión de cooperativas y marcas emergentes del comercio europeo.
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