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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgerente de la compañía Bioenergy, Javier Leonardo Muñoz, por la adjudicación irregular en un contrato. A este se le unió Ignacio Juan Revilla Fernández, exrepresentante legal de la empresa española Isolux Corsal.
De acuerdo con las declaraciones de la fiscalía hubo un interés indebido en la adjudicación de un contrato a Isolux Corsan para la construcción de la planta de etanol carburante a partir del bagazo de caña en Puerto López en el departamento del Meta. La compañía no contaba con los requisitos para llevar a cabo la licitación de la que sería la planta más grande de biocombustibles que tendría el país.
Dentro de la investigación se encontraron desviaciones del presupuesto del proyecto y sobrecostos y modificaciones al mismo.
