La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) ha emitido una alerta sobre presuntas irregularidades en el recorte unilateral de casi $1,0 billón en vigencias futuras. Esto está afectando la viabilidad financiera de obras estratégicas como la vía Mulaló-Loboguerrero y la restauración del Canal del Dique. El gremio asegura que dicha reducción contradice los compromisos contractuales. También pone en riesgo la ejecución de $340.000 millones asignados al corredor del Valle del Cauca y $636.000 millones destinados a la recuperación ecosistémica en el Caribe. Además, tal decisión podría acarrear sanciones disciplinarias y fiscales para los funcionarios responsables si no se restablecen los flujos de pago pactados para 2026.
Según Infobae, la agremiación sostiene que el Ejecutivo incumplió sus propias reglas establecidas en el decreto del 29 de diciembre del año pasado. Este decreto dictaba que cualquier modificación a estos recursos requería un acuerdo mutuo entre las partes. Sin embargo, apenas dos días después de expedir la norma, el Gobierno disminuyó las partidas sin el consentimiento de los concesionarios. Así, transgredió los lineamientos legales y generó un ambiente de desconfianza en la contratación pública. El comunicado enviado a los ministerios de Hacienda y Transporte subraya que esta actuación unilateral abre la puerta a pleitos jurídicos. Estos pleitos terminarían costándole más a la Nación.
Por su parte, la Contraloría General se sumó a las advertencias señalando que el ajuste presupuestal amenaza con materializar un detrimento patrimonial. Así mismo, vulnera legislaciones como la Ley 1508 de 2012. El ente de control ha solicitado al Gobierno la justificación técnica y financiera de la reprogramación. También exige un nuevo cronograma que garantice la disponibilidad de fondos y certifique que no se elevará el valor final de los contratos. La entidad enfatiza que la incertidumbre sobre la financiación de estos megaproyectos debilita la capacidad del país para mitigar riesgos ambientales. Además, afecta la posibilidad de mejorar la competitividad logística en las regiones afectadas.
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