El proceso de reorganización empresarial solicitado por Audifarma, en el marco de la Ley 1116 de 2006, acarrea implicaciones significativas para sus proveedores. En caso de ser admitido, este proceso implicaría una suspensión temporal de los pagos de las obligaciones existentes, lo que conllevaría prórrogas o extensión de los plazos de pago mientras se estructura y aprueba un plan de recuperación económica para la compañía. Esta situación impactaría directamente el flujo de caja de las empresas proveedoras.
El proceso de reorganización puede generar un ambiente de incertidumbre en las relaciones comerciales y operativas, afectando significativamente la confianza entre las partes involucradas. Lo anterior podría requerir renegociaciones de contratos o ajustes en los compromisos existentes, aumentando la presión sobre la capacidad operativa de los proveedores. Asimismo, conforme a la Ley 1116, la priorización de pagos otorga preferencia a obligaciones laborales, fiscales y otros gastos esenciales, relegando los pagos a proveedores comerciales.
En ese orden de ideas, es crucial que los acreedores adopten estrategias para proteger su liquidez. Las medidas podrían incluir la reestructuración de sus flujos financieros y participación activa en las negociaciones del proceso de reorganización, con el fin de asegurar condiciones más favorables y minimizar pérdidas.
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