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El poder de transformación que ha tenido la tecnología en los últimos años ha generado cambios significativos y vertiginosos en diferentes sectores económicos a nivel mundial, y algunas decisiones administrativas y judiciales que se han dado en diferentes países (incluyendo Colombia), demuestran que la regulación tiene grandes dificultades para avanzar al mismo ritmo de la tecnología.
La semana pasada, en menos 24 horas, Lime, Rappi y Uber, tres empresas de base tecnológica realizaron anuncios importantes para Colombia; la plataforma de patinetas Lime se irá del país, después de haber manifestado hace unos meses su inconformidad con lo que considera un incumplimiento de lo que se había pactado con la administración distrital de Bogotá; Rappi anunció que hará un recorte de 6% de su planta en toda América Latina, lo que podría implicar directamente a Colombia; y finalmente, la que ha generado más impacto ha sido la decisión de Uber de abandonar el país a partir del próximo primero de febrero, acatando el fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual ordenó a la empresa suspender sus servicios en Colombia.
El caso de Uber hace evidente lo que Daniel Medina, exministro TIC, denomina “incapacidad de regular”, puesto que a pesar de que se han hecho esfuerzos al respecto, no se han dado avances significativos, y este tipo de decisiones administrativas no traen consigo una regulación que solucione los problemas de fondo.
