El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha propuesto un borrador de decreto que pretende modificar radicalmente el sistema de Registro Nacional de Turismo (RNT), transformándolo de un modelo declarativo a uno de preverificación administrado por las cámaras de comercio. La iniciativa ha generado un fuerte rechazo por parte de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), la cual advierte que los nuevos requisitos técnicos y documentales, como la validación semestral del RNT y la supervisión de anuncios, impondrán cargas operativas desproporcionadas a las plataformas digitales, poniendo en riesgo la continuidad de miles de pequeños prestadores de servicios turísticos.
Según El Espectador, la agremiación estima que las plataformas como Airbnb han generado más de 215.000 empleos en el país y aportado US$554 millones al PIB turístico nacional. La preocupación radica en que las nuevas exigencias podrían excluir del mercado formal a numerosas familias de clase media que dependen de estos ingresos para sostener sus viviendas, empujando la actividad hacia la informalidad y concentrando la oferta en grandes operadores, lo que afectaría negativamente la competencia y la innovación en el sector.
El impacto económico de estas medidas se extendería a toda la cadena de valor del turismo, dado que por cada US$ 10 gastados en alojamiento a través de estas aplicaciones, se generan US$ 48 adicionales en sectores complementarios como gastronomía, transporte y entretenimiento. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de armonizar la normativa para evitar fraudes y garantizar la seguridad, los gremios insisten en que la falta de un periodo de transición y la imposición de requisitos propios de grandes comerciantes harían inaplicable la norma, dejando a zonas rurales y municipios PDET sin opciones viables de desarrollo turístico.
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