Hace casi un año, desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, uno de los temas principales en su agenda ha sido la reforma del Código Minero, establecido en la Ley 685 de 2001. Desde sus primeros días de gestión, el presidente consideró esencial modificar dicho código y, en una reunión en Quibdó, instó a los mandatarios locales a presentar una propuesta que permita mantener la minería ancestral y tradicional en Colombia, al tiempo que se reduzca considerablemente la actividad ilegal.
Recientemente, en el Congreso, anunció su intención de presentar un proyecto de ley relacionado con la minería, solicitando a los congresistas que tengan precaución al elaborar una normativa que restaure una alianza entre el Estado y la pequeña minería. Su objetivo es proteger el territorio de la guerra, la devastación democrática y el daño al medio ambiente.
El presidente considera que la falta de atención estatal hacia la pequeña minería y el enfoque en la gran minería han dejado al pequeño vulnerable ante las mafias armadas, lo que ha provocado la destrucción democrática y de recursos naturales en diversas regiones del país.
En este contexto, la Asociación Colombiana de Exploración (Acexplo) enfatiza en un informe al que tuvo acceso El Colombiano, que es fundamental dejar de considerar a la pequeña minería como una actividad que simplemente necesita formalización, y se debe prestar atención a factores como la inversión mínima necesaria para cualquier tipo de minería y la diversidad de intereses entre aquellos que buscan formalizarse.
Finalmente, afirmó que la clave para legalizar la actividad minera está en implementar un programa estatal a largo plazo, con una duración mínima de diez años, dirigido por expertos técnicos, con estabilidad y recursos adecuados. Este programa deberá estar directamente bajo la supervisión del Ministerio de Minas y coordinado de manera obligatoria con la entidad encargada de otorgar los títulos mineros.
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