No Paran los Choques entre Multinacionales Mineras y Comunidades Nativas

Desde la conformación de la República de Colombia en el siglo XIX, y desde el momento en que inició la entrada de las compañías multinacionales al país, el choque entre estás y las comunidades nativas ha sido una constante. Entre las más reconocidas está la Masacre de las Bananeras, resultado del choque entre la United Fruit Company y sus trabajadores, quienes exigían mejores condiciones laborales en Ciénaga, Magdalena, la acción, que contó con la intermediación del ejército nacional, del lado de la multinacional, terminó en un macabro acontecimiento.
Sobre el mismo sector, han pesado otros choques muy direccionados al apoyo a grupos al margen de ley y el desplazamiento forzado; la palma africana, la ganadería y la minería, entre otros, también han sido tocadas por este fenómeno. Muy a la par del caso anterior, pero menos ilegal ha estado la defensa de los derechos de los campesinos a una vida digna, esto es: aire limpio, agua no contaminada y libre ejercicio de sus actividades. Un tema que recientemente se encuentra en plena etapa de discusión y que el gobierno, debido a su mal sistema organizacional en cuanto a tierras, no ha podido solucionar y se limita a crear políticas contradictorias.
Referente a este caso, se encuentra la disputa en el páramo de Santurbán, área protegida pero con titulaciones mineras vigentes, al paso que la población reclama la sostenibilidad de las fuentes hídricas que abastecen los acueductos urbanos aguas abajo. Similar es el caso de Quinchía en Risaralda, donde las multinacionales mineras del sector han perforado varias áreas en busca de oro, distorsionando el curso de las aguas, alterando los acueductos rurales, creando la escasez del líquido vital, lo que a su vez explica la migración de los lugareños.
Edierth Trejos, líder de la organización no gubernamental, Corporación Cívica Quinchía Unida, argumenta que desde el 2000, la presión de las multinacionales se ha intensificado, buscan licencias por cualquier medio con el fin de sacar el oro de la región. El representante, asegura que cerca del 87% del territorio está concesionado para actividades de extracción, lo que ha provocado el desplazamiento de habitantes de varios lugares de la región, donde el más representativo es el caso de la vereda Miraflores.