El presidente Donald Trump ha propuesto un ambicioso plan para intervenir y revitalizar la industria petrolera de Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas del mundo con 303.000 millones de barriles. La iniciativa busca que corporaciones estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la reparación de una infraestructura energética que ha sido desmantelada y saqueada tras décadas de gestión deficiente. Sin embargo, la capacidad operativa actual es mínima, con una producción de solo 860.000 barriles diarios reportada en noviembre, lo que equivale a un tercio de lo que era hace diez años y representa menos del 1,0 % de la demanda global de crudo.
De acuerdo con informes de la BBC y análisis de expertos del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, la viabilidad de esta estrategia enfrenta barreras legales y técnicas de gran magnitud. Los especialistas advierten que la reactivación del sector no sería inmediata, pues se estima que alcanzar un incremento significativo en la producción tomaría hasta una década de inversiones constantes. Además, la mayoría de las reservas venezolanas consisten en crudo pesado y agrio, el cual es más complejo de refinar que el petróleo ligero producido habitualmente en Estados Unidos. Para los analistas de Kpler, cualquier avance significativo depende de un acuerdo con un nuevo gobierno, factor que hoy genera una profunda incertidumbre jurídica.
En el ámbito financiero, se prevé que el impacto sobre los precios internacionales del combustible sea marginal en el corto plazo, dadas las demoras estructurales para normalizar la oferta. Actualmente, Chevron es la única compañía norteamericana activa en la zona, responsable de aproximadamente el 20,0 % de la extracción nacional bajo licencias específicas. El éxito de un eventual retorno masivo de capitales extranjeros estará condicionado a la estabilidad política y a la resolución de disputas por expropiaciones previas de activos. Mientras tanto, el mercado global mantiene una oferta sólida de otros proveedores, lo que reduce la urgencia inmediata de integrar el recurso venezolano a la cadena de suministro internacional.
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