Un análisis sobre el Decreto 858 de 2025, que transforma el modelo de salud en Colombia, ha encendido las alarmas sobre la viabilidad de su implementación. Las reflexiones finales sobre la norma señalan serios riesgos en materia legal, fiscal y operativa que podrían agudizar las desigualdades en el acceso y la calidad de la atención en el país.
Según el análisis, el decreto enfrenta desafíos fiscales, especialmente por la creación de los Equipos Básicos Territoriales y la formalización laboral del personal de salud, sin tener fuentes claras de financiación que sean coherentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se advierte que reemplazar el modelo de aseguramiento por un sistema territorializado es arriesgado, ya que muchas regiones carecen de la capacidad operativa real para implementarlo, lo que podría empeorar la calidad del servicio. Además, el nuevo modelo se apoya en actores locales que hoy no tienen ni la estructura técnica ni la autonomía financiera para cumplir con su rol, generando un riesgo de implementación parcial o ineficaz.
La principal preocupación es el impacto directo sobre los pacientes. Se concluye que, si el decreto se mantiene vigente sin los ajustes normativos y presupuestales necesarios, podría generar un deterioro, transitorio o permanente, en la calidad, continuidad y oportunidad de la atención. La situación afectaría con mayor gravedad a los pacientes crónicos y a aquellos con enfermedades huérfanas. Por esta razón, se considera urgente una intervención de la Contraloría y la Procuraduría para que emitan una advertencia de impacto fiscal, dado que muchas disposiciones comprometen recursos sin cumplir con los principios constitucionales.
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