El sector salud enfrenta un panorama financiero complejo para el año 2026, proyectándose como el rubro con el mayor incremento en sus costos operativos, los cuales subirían un 12,0 %. Dicha presión inflacionaria obedece principalmente al aumento del 23,0 % en el salario mínimo y a la entrada en vigor de la jornada laboral de 42 horas semanales en junio de 2025, medida que reducirá la productividad por empleado en un 4,5 %. La situación es crítica dado que esta industria es intensiva en mano de obra y el 43,8 % de sus ocupados percibe ingresos cercanos o inferiores al salario mínimo, lo que deja poco margen de maniobra frente a una inflación que cerró el periodo anterior en el 5,1 %.
Según un análisis de la firma SIA, la falta de control estricto sobre los tiempos laborales representa una fuga de capital que se agravará con el nuevo esquema salarial. El reporte indica que las ineficiencias operativas, como tardanzas y pausas no reguladas, acumulan entre 25 y 30 minutos diarios perdidos por colaborador, lo que genera costos ocultos millonarios. Para una institución de 500 empleados, estas “horas no trabajadas pagadas” podrían superar los $1.058 millones anuales en 2026, recursos que el sistema sanitario no puede darse el lujo de desperdiciar en un contexto de alta demanda y presupuestos ajustados.
Para contrarrestar dicho impacto, la implementación de tecnologías de control biométrico y gestión de nómina se perfila como una estrategia indispensable, permitiendo recuperar entre 15 y 25 minutos productivos por día. Estas herramientas no solo aseguran el pago exacto de la jornada laboral eliminando errores manuales, sino que también protegen la sostenibilidad financiera de las clínicas y hospitales al transformar el tiempo gestionado en un activo medible. De esta manera, las entidades pueden mitigar el encarecimiento de la nómina sin comprometer la calidad del servicio asistencial ni la estabilidad del empleo formal.
