El debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano se ha intensificado de cara a la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2026. Diversos gremios del sector han presentado estudios técnicos que evidencian una insuficiencia estructural en los recursos asignados, advirtiendo que el sistema opera con pérdidas y que la siniestralidad proyectada para el cierre de 2025 superará el 100,0 %. Ante este panorama de desfinanciamiento y aumento en la demanda de servicios, las agremiaciones coinciden en que el ajuste para el próximo año debe ser de doble dígito para evitar un colapso operativo y garantizar el acceso a tratamientos.
Según Consultor Salud, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) estima que el incremento requerido para el régimen contributivo es del 17,3 %, partiendo de un análisis que revela la eliminación injustificada de registros de gasto por $2,1 billones en las bases de datos oficiales. Por su parte, la ANDI plantea un aumento mínimo del 15,6 %, señalando que cualquier cifra inferior se recortaría cerca de $890.000 millones vitales al sistema, esto por cada punto porcentual inferior al que menciona la ANDI; Mientras que AFIDRO propone un ajuste del 15,0 %, argumentando que existe una brecha histórica de hasta 8,0 puntos entre los costos reales y los reconocidos por el Gobierno.
La crisis de recursos ya tiene efectos tangibles en la atención a los usuarios, reflejada en un aumento del 32,0 % en las quejas y reclamos y del 22,0 % en las tutelas durante el último año. Los gremios insisten en que el ajuste no es una negociación política, sino una necesidad técnica impostergable, subrayando que el Estado cuenta con la capacidad fiscal en el Presupuesto General de la Nación de 2026 para cubrir estos requerimientos si se prioriza el aseguramiento en salud.
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