El Ministerio de Salud ha propuesto una resolución que busca regular el procedimiento para la devolución de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en casos de negación injustificada de servicios o tecnologías en salud. Aunque esta iniciativa representa un avance importante en términos de transparencia y control, también podría generar impactos significativos en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Según Skáld Advisory Group, el proyecto de resolución permitiría a la Superintendencia Nacional de Salud ordenar devoluciones tras identificar, a través de PQRDS y acciones de tutela, negaciones de los servicios de salud. Sin embargo, la aplicación de esta medida sin evaluar previamente la suficiencia de la UPC podría afectar aún más la estabilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), generando mayores niveles de siniestralidad y debilitando la capacidad de respuesta del sistema.
Skáld Advisory Group sugiere implementar un enfoque gradual, iniciando con una fase de observación que permita identificar patrones de negación, fortalecer el cálculo de la UPC y ajustar herramientas de trazabilidad. Además, advierte sobre la exclusión de servicios No UPC en la propuesta de resolución, lo cual fragmentaría el acceso al derecho a la salud. El proyecto de resolución, por tanto, solo debería entrar en vigor cuando existan condiciones estructurales que aseguren su aplicación sin poner en riesgo el sistema ni el derecho a la salud.
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