El incremento del salario mínimo decretado para 2026, que fijó la remuneración básica en $1.750.905 más un auxilio de transporte de $249.095, ha generado una presión financiera inmediata sobre la cadena de valor en Colombia. La Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) advirtió que el 90,0 % de la fuerza laboral en esta industria percibe ingresos cercanos al mínimo legal, lo que se traduce en un encarecimiento directo para los operadores de carga. Dicha situación agrava el panorama de competitividad, considerando que los costos logísticos ya representaban el 15,6 % de las ventas totales de las empresas en 2024, superando al del IPC y la productividad nacional.
Según Bloomberg Línea, ante un ajuste salarial del 23,0 %, la digitalización emerge como la herramienta estratégica para amortiguar el golpe en la rentabilidad. Datos de la Encuesta Nacional de Logística revelan que el 44,9 % de las compañías ya emplea servicios en la nube y un 25,1 % ha incorporado inteligencia artificial, logrando mejorar su eficacia operativa hasta un 10,2 %. Expertos de la firma Drivin señalan que la inversión tecnológica permite a las organizaciones anticiparse a escenarios complejos, optimizando recursos frente a las limitaciones de talento humano y las exigencias del mercado.
El impacto de esta política laboral se extiende a otros renglones de la economía con alta dependencia de mano de obra formal de bajos ingresos. Análisis de Corficolombiana clasifican a las actividades inmobiliarias, la industria, la salud y la gestión de desechos como sectores de alta vulnerabilidad. Asimismo, el agro y el servicio doméstico enfrentan riesgos medio-altos, pues concentran cerca del 80,0 % de sus trabajadores formales en el rango del salario mínimo. Lo anterior plantea un desafío crítico para las micro y pequeñas empresas, que constituyen el 92,0 % del tejido empresarial y poseen menor margen de maniobra financiera.
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